Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Canarias (PAH) presentan este martes el escrito de solicitud de concesión de indulto para Josefa Hernández, ante las sedes de las delegaciones del Gobierno.

Tras ingresar el lunes en el centro penitenciario de Tahíche, en Lanzarote, fueron convocadas concentraciones, en todas las islas, para exigir el indulto de la vecina de Betancuria (Fuerteventura), de 62 años, que tiene que cumplir una pena de seis meses de prisión por no derribar su única vivienda desde 1995, construida en un parque natural protegido.

En Lanzarote, fueron unas 80 personas las que asistieron a la concentración convocada a las seis de la tarde en el Cabildo viejo, en la calle Real de Arrecife. Los miembros de la PAH ha leído un manifiesto de apoyo a Josefa Hernández en el que calificaban su caso como “sangrante” y condenaban “la desidia de unas instituciones que no han sabido responder antes a esta terrible situación”.

Entre los asistentes al acto de la calle Real se encontraban miembros de formaciones políticas que han respaldado a Josefa Hernández, como PSOE, Podemos, Somos Lanzarote o Ciudadanos.

Además, se ha llevado a cabo una recogida de firmas en todas las concentraciones. A través de la plataforma Change.org  también  se inició una campaña para recoger firmas de apoyo a la ya conocida como ‘la abuela de Fuerteventura’.

En 2012, Josefa Hernández fue condenada por “un delito contra la ordenación del territorio, debiendo proceder además, al derribo de las obras ilegalmente construidas y a la reposición de la realidad física alterada”. Amplió la vivienda con dos edificaciones de 20 y 70 metros cuadrados.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario se complica tras recibir un informe realizado por la patrulla del Seprona de Fuerteventura, en julio pasado, en el que informaban que, “no solo no ha sido demolida la construcción, objeto de la presente ejecutoria, sino que por el contrario se ha terminado la obra y además, se ha construido con tablones de madera un cuarto de doce metros cuadrados de superficie y dos metros cuadrados de altura”.

Solicitud de indulto

El escrito para la concesión de indulto presentado por la PAH alega que se trata de la vivienda habitual de Josefa Hernández desde 1995, recibida como herencia al morir su padre. Tras trasladarse con sus siete hijos, las paredes ya estaban construidas y los techos estaban hechos con chapas. Actualmente convive con dos de sus hijos, uno de ellos con un 39 por ciento de discapacidad, además de tres nietos de los que es la responsable legal.

Fue en 2007 cuando la vecina de Betancuria llevó a cabo la ampliación de la vivienda. La trabajadora social del Ayuntamiento reconoce que “le dijeron a Josefa que tenía que mejorar las condiciones de habitabilidad, cuestiones de higiene, reparar los techos, etc.”.

En el escrito de indulto se sostiene que fue tras las recomendaciones de los Servicios Sociales cuando se realizaron las obras necesarias para la mejora de las condiciones de la vivienda ya que su estado no era seguro para sus nietos.

Sin embargo, en la sentencia se precisa que las trabajadoras sociales “no tuvieron intervención en nada relacionado con las obras” y que “no recomendaron la ampliación de la vivienda, porque no les correspondía hacerlo y, además, tenían conocimiento de que la vivienda podía ser ilegal”.

En la petición de indulto se asegura que Josefa Hernández intentó regularizar su situación con el Ayuntamiento de Betancuria así como con el Cabildo de Fuerteventura.

Sin “alternativa habitacional”

El motivo principal por el que aseguran que no ha podido acometer el derribo es su situación de precariedad económica ya que no puede asumir el coste que conllevaría, además de no tener una “alternativa habitacional”, pues la PAH asegura que “no ha recibido ayuda de ninguna institución, ni respuesta ante sus circunstancias,  a  pesar de ser conocedoras de ellas  y siendo  usuaria de los servicios sociales de su ayuntamiento, desde hace años”.