Entre mayo de 2007, cuando entra a gobernar el pacto PSOE-PIL en el Ayuntamiento de Arrecife, y mayo de 2009, cuando entra la UCO en el mismo Ayuntamiento, en la casa Consistorial se delinquía prácticamente todos los días. El fiscal Javier Ródenas señala en su escrito de acusación de la pieza principal de Unión que había “una directriz básica y estratégica” por parte de Dimas Martín, el “verdadero jefe” del PIL: la obtención de dinero para la estructura financiera del partido y para los componentes de una asociación ilícita que formaban él mismo, Matías Curbelo, José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra, y en la que participaban otros cargos como Antonio Machín, y varios funcionarios, pero principalmente, Elena Martín, hija de Dimas, y el interventor Carlos Sáenz.

Ahora se describirá el funcionamiento de la trama, pero primero habrá que describir la disposición. Dimas era el jefe, de eso hay pocas dudas, y los jefes dicen lo que hay que hacer y toman las decisiones. Matías era su mano derecha y transmitía las órdenes, las ejecutaba, recaudaba el dinero y llevaba una contabilidad B del partido. Los demás, que eran “nuevos en política y sin más mérito que la obediencia debida al jefe”, obedecían. Según el fiscal, Dimas (que estaba en la cárcel, aunque en un periodo disfrutó del tercer grado y sólo iba a Tahíche a dormir) cobraba una cantidad fija mensual en metálico que le pagaban Matías Curbelo y José Miguel Rodríguez.

¿En qué consistía el robo? En extraer dinero del Ayuntamiento para su beneficio privado. ¿Cómo se hacía? Pues, en líneas generales, concediendo obras o servicios a empresarios afines que después pagaban la correspondiente comisión (entre el 8 y el 10 por ciento). ¿Pero entonces? Se podría pensar que el Ayuntamiento no era el perjudicado porque los empresarios pagaban con su beneficio. Sí y no. Lo que revela la instrucción es que, ante el descontrol en los expedientes, es imposible saber si las obras se hicieron o si se ajustaban al precio de mercado. De hecho, en varias ocasiones se pagó una obra, tres, cuatro y hasta cinco veces. Se pagaban facturas iguales por conceptos iguales. En definitiva: un saqueo de dinero público, sin más aderezo.

“Se instauró una simbiosis delictiva que a modo de parásito corrupto quedó incrustado en las concejalías de hacienda, urbanismo, sanidad, parques y jardines”

Y usted se preguntará si esto es tan fácil. Pues sí, siempre y cuando los que tenían que vigilar por que no se produjera no lo hacían. Y ese es el caso. Dentro del Ayuntamiento existía la complicidad de tres concejales (al menos) y de tres técnicos relevantes: el interventor, la Jefa de contratación y el Jefe de la Oficina técnica. A esto lo define el fiscal así: “Se instauró una simbiosis delictiva que a modo de parásito corrupto quedó incrustado en las concejalías de hacienda, urbanismo, sanidad, parques y jardines”. Veamos.

La primera modalidad para delinquir era fraccionar las cantidades de los contratos para que fueran contratos menores y así no tener que sacarlos a concurso. Por ejemplo, el Ayuntamiento había aprobado la demolición de las naves de La Rocar por 716.000 euros. Pues de ahí, los concejales se inventaron una partida para adjudicar a la empresa de Samuel Lemes los trabajos de adecuación del entorno de La Rocar y transporte de escombros por 47.000 euros. Después se pedía la comisión correspondiente. Otra modalidad era pedir una comisión a empresarios que ya habían hecho el trabajo y con quienes se tenía alguna confianza. Se les retenía el pago y si no pagaban (la comisión), pues no cobraban. Y también estaba el método clásico de pasar información privilegiada sobre las bases de un concurso para grabar ese concurso. En un caso, Antonio Gómez, empresario del sector del paisajismo urbano (plantaba árboles y vendía flores), que es hijo de una ex concejal socialista de Las Palmas, elaboró él mismo las especificaciones técnicas para un suministro que después se le adjudicó a su propia empresa.

Dice el fiscal Javier Ródenas que “el verdadero motor de la decisión administrativa era que el empresario estuviera dispuesto a pagar por ellas”

Se podría pensar que, aunque se eligiera a dedo a las empresas y se inflaran algunas facturas, al menos se hacían las obras y servicios necesarios para la ciudad. Pues tampoco. Dice el fiscal que “el verdadero motor de la decisión administrativa era que el empresario estuviera dispuesto a pagar por ellas” o también lo define como “una dinamo encendida sólo por el dinero a recaudar de la comisión exigida”. Es decir, que se buscaba al empresario corrupto (o amigo) y en función de lo que supiera hacer, o de lo que fuera fácil ocultar, se elegían las obras. Era fácil acertar: de las cinco empresas implicadas, cuatro no estaban especializadas en nada, sino que hacían obras de todo tipo.

Una vez que se encargaban los trabajos y que “eran los concejales quienes elegían a quién se le daban los contratos”, según el fiscal, venía la parte administrativa, por un lado, y el cobro de la comisión, por el mismo lado. Aquí también estaba todo pensado. Se fraccionaba el pago de las comisiones para fidelizar al empresario. De esta forma, los que no volvían a pagar, no volvían a ser contratados. Pero los que pagaban, pagaban. Jesús Manuel Martín Brito, que tiene una carnicería en San Bartolomé y una empresa de fontanería, y que nunca había trabajado con el Ayuntamiento, comenzó a hacerlo por su cercanía a Antonio Machín, o bien se hizo amigo después. Pagó 100.000 euros en cinco lotes. Antonio Gómez pagó unos 10.000, la misma cantidad, más o menos, que tenía José Miguel Rodríguez escondida en una caja de cartón en el armario empotrado de su dormitorio de su casa de Mozaga en fajos de 100 billetes de veinte euros.

Pero volvamos al Ayuntamiento. La Jefa de contratación, es decir, la hija del “Jefe”, llevaba una “ausencia total de control en los procesos de licitación. El concejal daba la orden de contratar un suministro u obra y ella, según la Fiscalía, avalaba el fraccionamiento para que fuera un contrato menor cuando debía sacarse a concurso, y pedía la retención del crédito correspondiente. Como no se seguía el trámite oportuno, al empresario en cuestión, a veces, se le llamaba por teléfono para decirle que se le había adjudicado la obra o incluso para que retocara el presupuesto para ajustarlo o para eludir el concurso. En ocasiones el presupuesto presentado se ajustaba tanto a la licitación que la cantidad era la misma. Incluso, cuando se presentaban varias ofertas, las tres ofertas eran iguales: eran tan iguales que las había presentado la misma persona. Así era difícil no llevarse la obra.

A petición de los concejales se usaba a auxiliares administrativos “de escasa formación para dar apariencia de legalidad” a los expedientes, como maquillaje

Una vez pasados todos los trámites (por llamarlos de alguna manera), ya sólo faltaba que el concejal de hacienda diera su visto bueno (que lo hacía) y que el interventor autorizara el pago “abdicando groseramente de sus funciones”. ¿Por qué dice esto el fiscal? Porque la mayoría de los expedientes no tenían ni aprobación del gasto ni presupuesto, ni proyecto de obras. Se presentaban al cobro  facturas genéricas, inespecíficas, sin desglose de conceptos ni unidades, y así no se podía verificar qué se facturaba. Ni siquiera si la obra realmente se había hecho. Y como el descontrol era total,  pues se aprovechaba para pagar varias veces por la misma obra. Entre el 30 de octubre y 27 de noviembre de 2008 se pagó a Infogelanz cinco facturas iguales, por la renovación de los zaguanes de los números pares de la calle Clavijo y Fajardo, por 19.851,72 euros. Dos de ellas se presentaron el mismo día.

El asunto era descarado pero se intentaba disimular. A petición de los concejales se usaba a auxiliares administrativos “de escasa formación para dar apariencia de legalidad” que no estaban al tanto de la trama, que estampaban su firma en los expedientes, como maquillaje, y simulando que eran personal del departamento de contratación. La firma, como se ha hecho durante muchos años en el Ayuntamiento en cientos de expedientes que no han acabado en los tribunales, no se identificaba o aparecía bajo el título 'El técnico'. Esos trabajadores ni comprobaban los partes de trabajo ni las facturas presentadas, ni inspeccionaban, visitaban, recepcionaban o controlaban las partidas de obras y el gasto público. Eran facturas “apócrifas” según el fiscal. Tanto, que algunas se pagaron sin la firma necesaria para el abono del gasto.

Continuará...