Documentación archivada de forma dispersa, supervisión y control de gastos e ingresos insuficiente, deficiente sistema de control interno, una estructura organizativa que no se ajusta a las necesidades del municipio, irregularidades en la contabilidad, gestión municipal sin control financiero, carencia de normas internas que regularan el funcionamiento de los servicios de gestión, inexistencia de una relación nominal de deudores, subvenciones concedidas sin resolución, sin facturas que justifiquen después el gasto y sin informe que acredite la necesidad de la subvención, 45 cuentas bancarias a nombre del Ayuntamiento...

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha certificado lo que ya era sabido: el descontrol absoluto en el Ayuntamiento de Arrecife en su etapa más oscura. Así lo señala un informe parcial sobre la fiscalización del año 2009, publicado por el diario ABC, y elaborado y entregado por este organismo el pasado mes de diciembre. El informe concluye que hay muchos indicios de responsabilidad contable, que deberá determinar el Tribunal de Cuentas.

El informe es un catálogo de lo que no se debe hacer en un Ayuntamiento y revela una consecuencia directa de esa mala gestión y del descontrol: la pérdida de más de seis millones de euros de dinero público: más de tres millones por la contratación de un SWAP (un producto financiero del Banco Santander) y otros 3,2 millones en derechos de cobro que se desconoce si se han perdido o han prescrito ya que su antigüedad es de más de cuatro años. Entre ellos, más de medio millón anteriores al año 2001. Fuentes municipales señalan que es muy difícil saber si ese dinero finalmente se pudo cobrar por el volumen de impagos en el Ayuntamiento y porque hay supuestos que interrumpen la prescripción.

En todo caso, estas mismas fuentes aseguran que el descontrol en el Ayuntamiento en esa fecha era absoluto y que ahora se ha dado la vuelta a esa situación por completo, porque antes se pagaban facturas sin contrato, sin presupuesto de gasto y sin autorización. Además, había departamentos relacionados con Hacienda, como Intervención, en los que sólo había dos personas asignadas, cuando ahora hay cinco.

Hay casos llamativos, como las subvenciones para la rehabilitación de viviendas, en las que no se justifica ni la necesidad de esa subvención ni que después se hiciera la rehabilitación.

Lo mismo ocurre con las subvenciones de carácter social y urgente. Se regían por una ordenanza y un procedimiento que no se respetaba. De hecho, se llegaron a conceder ayudas por conceptos que no se reflejaban en la ordenanza, como el pago de un viaje para asistir al entierro de un familiar, medicamentos, el pago de un certificado del Registro de la propiedad, gastos en ferretería o ayuda para sugfragar el gasto de la visita de un pariente enfermo.

El SWAP de Isabel Déniz: una operación sin interés público

Dice la Audiencia de Cuentas que la operación de permuta financiera con el Banco Santander suscrita por Isabel Déniz en el año 2004, cuando era alcaldesa, y conocida como SWAP, es “difícilmente identificada con la consecución de un interés público” y que tenía con importantes riesgos financieros. Tantos que ya ha costado a las arcas públicas 3,4 millones, que pueden aumentar si Arrecife pierde los pleitos que puso el banco por la anulación del producto bancario, instado por el actual grupo de gobierno.

El perjuicio y las irregularidades ya las había puesto encima de la mesa el Consejo Consultivo de Canarias, que en uno de sus informes instó al Ayuntamiento a que pusiera en manos de los tribunales el contrato porque se había hecho sin transparencia, al margen del procedimiento legal establecido y sin control interno. “Tan grave ignorancia o negligencia" por parte de la exalcaldesa debe tener consecuencias jurídicas, señalaba el Consejo Consultivo.

Déniz firmó el producto con el entonces director del Banco Santander, Emilio García Zuheros. Después se supo que varias sociedades de este banquero habían facturado al Ayuntamiento sin que sepa qué servicios hacían: Fagarypa, dedicada a la peluquería, facturó 150.000 euros en 2005 y 2006, la hija de Déniz compró materiales de construcción a la constructora de Zuheros, Garpalanz, y otra sociedad dedicada al asesoramiento, Río Lulua, facturó más de 200.000 euros y no tenía a ningún trabajador dado de alta.

Además, ese banquero, como director, le concedió a Déniz hasta tres préstamos: uno de 200.000 euros para adquirir un bungaló en Famara, otro de 80.000 para comprar un barco y otro de 155.000 para un piso en Las Palmas. En definitiva, la Audiencia de Cuentas destaca que “no resulta correcto para el interés general y para una adecuada y prudente gestión pública que se realice una operación de alto riesgo que ha generado finalmente un quebranto económico relevante”.