El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha hecho un llamamiento al resto de España y de Europa a que sean conscientes de que los niños y niñas migrantes tienen derechos “contenidos en tratados internacionales apoyados por todos los países”, pero las instituciones del archipiélago no pueden garantizarlos solas porque están “absolutamente desbordadas”.

Clavijo ha hecho así alusión a la denuncia sobre las condiciones de insalubridad de un centro para 32 menores migrantes en Lanzarote, un caso que ha sido comunicado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo.

“Si estamos pidiendo ayuda es por algo, porque no podemos garantizar los derechos de esos niños y de esas niñas, que no son derechos gratuitos ni privilegios”, ha dicho el presidente de Canarias al ser preguntado por las condiciones de los menores en Lanzarote.

Con 2.000 menores acogidos en Canarias “ya decíamos que la situación era insostenible” y ahora son casi 6.000, dijo Clavijo.

Señaló que la Fiscalía y la Consejería de Bienestar Social están ocupándose de ese centro de menores migrantes porque “los equipos y las ONG están absolutamente desbordados”.

“Empezamos el año con 30 recursos alojativos, llevamos 80 y no tenemos más espacio físico donde atender a esos menores”, insistió Clavijo, y recordó que se ha pedido sin éxito al Ministerio de Defensa que ceda instalaciones en desuso.

Clavijo acaba de regresar de Madrid tras hacer una ronda con los grupos políticos para buscar apoyos a la propuesta de los gobiernos de España y de Canarias para modificar la Ley de Extranjería y que se proceda al reparto de menores entre todas las comunidades.

El presidente se mostró optimista sobre la posibilidad de que prospere esa reforma legal, que quiere que se haga por decreto ley convalidable en el Congreso para que se pueda aplicar cuanto antes.

Después de las reuniones mantenidas “se ha podido mejorar el texto” porque “el tema de la financiación es fundamental”, dijo en referencia a la preocupación de las comunidades autónomas para que el Estado garantice la cobertura financiera de la atención a los menores que eventualmente reciban.

También consideró positivo la convocatoria de la Conferencia Sectorial del Menor y la Infancia que se celebrará en Canarias en la primera quincena de julio para recoger las aportaciones de las comunidades autónomas.

“No es solo cambiar la ley, es que luego esa ley la tienen que aplicar las comunidades autónomas”, y por eso “es un acierto” esa Conferencia Sectorial.

Clavijo subrayó que el único grupo político que ha dicho no a esa reforma legal es Vox, mientras que Junts “está en un proceso de negociación de transferencias de competencias con el Estado y por eso tienden a “querer desligarse”.

“Independientemente de las negociaciones de competencias, los niños llegan a Europa, llegan a España, y la solidaridad tiene que ser de todos. Lo que establece la ley es un mecanismo para que se garantice la ubicación de los menores donde mejor pueden ser atendidos”, ha resumido.