El Consejo Consultivo de Canarias ha confirmado la “ilegalidad” de la liberación de Juan Manuel Sosa como consejero del Cabildo de Lanzarote durante el pasado mandato. Así lo ha comunicado este jueves por la mañana el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, durante el pleno ordinario que ha celebrado la Corporación.

El presidente considera que "este hecho viene a demostrar que el gobierno de la pasada legislatura, presidido por la socialista Dolores Corujo, estuvo sustentado en un tránsfuga, contraviniendo las normas éticas de su propio partido".

Betancort recalca que "el Consejo Consultivo de Canarias ha dado la razón a lo que denunció CC y que tanto defendió Corujo; ahora las administraciones tendrán que acatar y obrar en consecuencia".

Según la orden de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por la que se declara la “nulidad de pleno derecho” de la resolución que vinculó el pase de Sosa a la situación de servicios especiales como portavoz en el Cabildo, “el funcionario no hace constar que ha perdido, por renuncia, su condición de portavoz del grupo político de CC en el pleno insular".

Entre las consideraciones jurídicas de la Orden gubernamental, se manifiesta que "es evidente que cuando la Dirección General de la Función Pública toma conocimiento de un hecho cual es la pérdida de la condición de portavoz del funcionario en situación de servicios especiales, y que no se debe precisamente a que sea éste quien lo comunique a su Administración, sino un tercero, el hecho conocido que determina la nulidad, no tratándose por tanto, como diría el Alto Tribunal, de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos".

En efecto, "el conocimiento sobrevenido de una información no proporcionada, cual es la pérdida de la condición de portavoz, determina una alteración fundamental en el sentido del acto, que no puede subsistir, por cuanto mantuvo un derecho subjetivo de forma contraria a derecho".

La condición de portavoz, continúa el texto, "constituye un requisito esencial exigible al funcionario, que ha de cumplirla, para poder adquirir el derecho retributivo”, y su pérdida, por renuncia, “supone la exclusión automática de tal derecho”.

La resolución de Función Pública de abril de 2020, bajo Gobierno del PSOE, incurre en causa de nulidad absoluta”, ya que Sosa no reunía “los requisitos esenciales” para seguir cobrando el sueldo, añade ahora el Ejecutivo regional. En 2022, el entonces portavoz de Coalición en el Cabildo, Samuel Martín, denunció los hechos.

De este modo, Sosa no informó que había dejado de ser portavoz del grupo nacionalista, al entrar en el equipo de gobierno presidido por Corujo, “valiéndose de la circunstancia del desconocimiento por parte de la Administración de su cambio de situación jurídica".