La vicesecretaria del PSOE de Lanzarote y portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, Ariagona González, ha acusado a Oswaldo Betancort de haber puesto en marcha “una estrategia fraudulenta para conseguir que el Tribunal Supremo archivara las actuaciones interpuestas por Inalsa y el Consorcio contra Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud por el cobro irregular de dos millones de euros del que se benefició el abogado, amigo íntimo de San Ginés”, y ha advertido que “sus maniobras” ante el “saqueo” de la empresa pública “llegarán a los juzgados”.

González señala en un comunicado que “uno de los elementos fundamentales para que el Tribunal Supremo archivara el procedimiento ha sido un informe aportado al juzgado en el que Inalsa y el Consorcio desistían tácitamente de las acciones penales”.

Según el PSOE, “se trata de un informe realizado por la subdirectora de la Asesoría Jurídica del Cabildo que contradice por completo las conclusiones de los informes previos que dieron lugar a las actuaciones, la argumentación sostenida por la dirección legal de los procedimientos y lo declarado por testigos de tanta solvencia y credibilidad como el magistrado y reconocido especialista en procedimientos concursales Juan José Cobo Plana”.

A juicio del Partido Socialista, “el encargo de este informe a la subdirectora de la Asesoría Jurídica reviste una especial gravedad, ya que fue propuesta como testigo de la defensa, por parte de Calatayud, durante la instrucción del procedimiento”. Para el PSOE, se trata “una maniobra de Oswaldo Betancort para desistir del procedimiento de manera encubierta”.

“Para que esta estrategia pudiera surtir efecto, tan solo cuatro días después de su toma de posesión Oswaldo Betancort dio instrucciones al letrado de Inalsa y del Consorcio para que se abstuviera de presentar cualquier escrito en los procedimientos judiciales de ambos entes públicos contra su compañero de partido y antiguo presidente, sin que hasta la fecha haya dado explicaciones de ese arbitraria actuación”, agrega González.

“Este proceder reviste una extraordinaria gravedad, ya que las acciones contra Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud por el saqueo de Inalsa responden a un informe del gerente del Consorcio e Inalsa [Domingo Pérez, destituido el año pasado] y a un potente y decisivo informe jurídico que recomendaba interponer los correspondientes procedimientos judiciales, una decisión que fue asumida y avalada por la Asamblea del Consorcio y el Consejo de Administración de Inalsa”, afirma la portavoz del PSOE en el Cabildo.

Sin embargo, concluye, “todas las decisiones de Oswaldo Betancort se han adoptado de manera irregular, sin formalizar ningún expediente y sin disponer de informes jurídicos que avalen sus arbitrarias decisiones ejecutadas, además, suplantando a los órganos de gobierno del Consorcio e Inalsa y contraviniendo acuerdos anteriores de los mismos, por lo que tendrán la oportuna respuesta judicial”.