El Tribunal Supremo ha archivado la causa contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, por las facturas pagadas por la empresa pública Inalsa y el Consorcio del Agua al abogado Ignacio Calatayud, “al no desprenderse de la misma indicios suficientes” de criminalidad contra el actual senador.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado devolver, por falta de indicios, al titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife, la exposición razonada remitida contra San Ginés en relación con la supuesta contratación irregular del abogado Ignacio Calatayud.

En la causa que se sigue en el Juzgado de Arrecife se investigan presuntos delitos de fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida y deslealtad profesional.

El tribunal indica que no procede la admisión a trámite de la causa contra San Ginés, aforado ante el Supremo por su condición de senador, y acuerda el archivo de esta, con devolución al Juzgado de Instrucción, para que continúe con la investigación de los hechos referidos con la actuación de Ignacio Calatayud Prats.

En un auto notificado este jueves, el tribunal concluye que no existe por parte del instructor que ha remitido esta exposición razonada “una previa valoración jurídica ni de indicios de participación de la persona aforada en un hecho presuntamente delictivo”, que es exigible.

Así, el Supremo destaca que no cabe “la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos de relevancia penal meramente sospechosa, es decir, una investigación prospectiva, que no aporte, a partir del conocimiento del propio instructor, sin indicio objetivo de realidad”.

Señala que en este supuesto, como informa el Ministerio Fiscal, “debe rechazarse la imputación contenida en la exposición razonada, ya que los hechos contenidos en el relato fáctico de la misma, tal y como está redactada, no ofrecen ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente la realidad de unos hechos que sean susceptibles de ser subsumidos en un precepto penal”.

“Sin ningún apoyo objetivo”

La Fiscalía señala que el instructor, Ricardo Fiestras, se limita a afirmar “la existencia de las denuncias formuladas e investigaciones, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos”. Fiestras, titular del Juzgado de Instrucción número cuatro, asumió la causa que inició el juez Jerónimo Alonso, de Instrucción número dos.

Cabe recordar que la causa iniciada en 2021 a raíz de la denuncia de Inalsa y el Consorcio del Agua, bajo la presidencia en el Cabildo de la socialista Dolores Corujo, se acumuló con otro procedimiento, de pagos a Calatayud vinculados con la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja, del que se abrió una pieza separada. Este procedimiento anterior, de 2016, había sido archivado por el Juzgado de Fiestras en 2021.

“Desestimiento implícito” por Inalsa

En el auto del Supremo se destaca el escrito presentado por la representación de Inalsa y el Consorcio, de octubre de 2023, ya con Oswaldo Betancort (CC) en la presidencia del Cabildo, que según el tribunal “implica un desestimiento implícito de la acción”. En el mismo, se subraya que “los responsables anteriores” de Inalsa y del Consorcio, en referencia a cargos del PSOE, presentaron la denuncia pero “no aportaron junto con la misma, ni durante la instrucción, actas de asambleas y de consejos de administración de Inalsa, informes jurídicos favorables a los denunciados y presupuestos de honorarios aceptados”.

El Supremo destaca que Inalsa y Consorcio bajo el control de CC presentó un escrito que culpaba a los “responsables anteriores” del PSOE de no aportar documentos “favorables a los denunciados”

Además, añade el Supremo, desde las entidades controladas por el Cabildo de Lanzarote se hace referencia a la compra de una vivienda por San Ginés a la empresa Adelfas 24 SL, de la que es propietario Felipe Fernández Camero: “Tras analizar una serie de datos (contrato privado de venta, valoración de la vivienda en el año 2012), concluye que el precio pagado” por San Ginés “fue superior al precio de mercado”.

La Fiscalía del Supremo indicó que el juez Fiestras tampoco dio “tratamiento alguno” en su exposición razonada a que la adquisición de la citada vivienda presuntamente podría entenderse “como una supuesta compensación o pago de contraprestación a favor del cargo público por la contratación” de Calatayud, lo que “constituye la base de la denuncia principal” presentada por las entidades públicas bajo el mando en el pasado mandato de la actual diputada Dolores Corujo.