La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha admitido el recurso presentado por el consejero del Cabildo de Lanzarote Juan Manuel Sosa y ordenado que sigan las diligencias contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote y portavoz de CC, Pedro San Ginés, por un posible delito de amenazas contra dicho consejero.

Sosa presentó una denuncia contra San Ginés el 13 de mayo pasado, un día después de que se produjera una reunión en casa del expresidente del Cabildo en la que éste, según denuncia Sosa, le habría amenazado con presentarle una querella si no dimitía como consejero del Cabildo.

Hay que recordar que Sosa se presentó en la lista de CC como miembro del partido San Borondón, gracias a un acuerdo electoral, y que en la actualidad es miembro del grupo de gobierno formado por PSOE y Podemos pero que su voto sería esencial para lograr una mayoría junto a CC y PP.

Sosa fue nombrado portavoz del grupo nacionalista en 2019 pero en diciembre de ese año, tras la ruptura de San Borondón con CC, renunció a dicha portavocía y se incorporó después al grupo de gobierno del Cabildo. Sosa se negó a apoyar una posible moción de censura para hacer presidente a San Ginés con el apoyo del PP.

En la denuncia, Sosa relata que sufrió una escalada de presiones con “acoso continuo, advertencias e insinuación de compensaciones” que culminaron en esa reunión el 12 de mayo, por invitación de San Ginés, ya que Sosa se había negado a reunirse antes con Fernando Clavijo.

En esa reunión, San Ginés le habría mostrado en un ordenador una supuesta querella, aún sin firmar, en la que se le acusaba de percibir su sueldo de la consejería de sanidad de manera irregular y por la que le pedían pena de cárcel y la devolución de decenas de miles de euros.

Sosa denunció en el Juzgado que el expresidente del Cabildo le amenazó con una querella si no dimitía como consejero

Según Sosa, también le informaron de que tenían conocimiento de supuestos tratos de favor a miembros de su familia por parte de la presidenta del Cabildo y de que todo iba a salir publicado en dos artículos en dos periódicos de tirada nacional.  

Después de esa reunión se produjo una campaña por parte de CC destinada a poner en cuestión la legalidad del sueldo de Sosa, que es médico de profesión y está liberado por Función Pública. CC llegó a emitir desde mayo más de 25 notas de prensa relativas a este asunto, que se ha tratado ampliamente en los medios de comunicación e incluso en el Parlamento de Canarias. No se ha determinado que los pagos sean contrarios a la Ley, pero este mes de enero, Sosa fue expulsado del grupo nacionalista.

En noviembre, por su parte, Sosa demandó a todos los consejeros de Coalición Canaria por el procedimiento de expulsión para declararlo tránsfuga al considerar que no puede ser expulsado porque no pertenece a ese partido político.

La defensa de Juan Manuel Sosa considera, en un escrito de apelación, que aunque se interpusiera la querella y se archivara porque los hechos nos sin ciertos, el perjuicio podría permanecer al estar la noticia en los medios de comunicación causando un “daño irreparable a su reputación”, ya que esta campaña está afectando a un derecho fundamental, porque la coacción se ejerce para impedir que siga en el cargo.

Juan Manuel Sosa.

Instrucción

La denuncia cayó en el Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife, que archivó las diligencias de forma provisional. Sosa presentó un recurso de reforma que también fue desestimado, con el apoyo de la Fiscalía.

El Juzgado consideró que no se daban las circunstancias para considerar el delito de coacciones porque amenazar a una persona con interponer una querella no constituye de por sí una actitud ilícita. El Juzgado recuerda que se puede acudir a la vía penal en caso de que los hechos imputados no sean ciertos y a la vía civil para ejercitar su derecho de rectificación.

El Juzgado archivó la denuncia pero la Audiencia aprecia en la conducta de San Ginés los elementos del delito de amenazas

Sin embargo, este pasado mes de enero, la Audiencia Provincial señala en un auto que avisar a una persona de interponer una querella en caso de que no dimita de su cargo público “excede con mucho del juego político” ya que no es que amenace con interponer una querella sino que el acusado avisaría de esa querella para conseguir una actuación que el destinatario de ese aviso no quiere llevar a cabo.

La Audiencia ordena, por tanto, al Juzgado, que reabra las diligencias de investigación porque aprecia en la conducta de San Ginés los elementos del delito de amenazas, y pide que se llame a declarar tanto al denunciante como al denunciado como paso previo a determinar la gravedad del asunto.