Las empresas que vendieron la mayoría de las urbanizaciones en el plan parcial Playa Blanca utilizan en los tribunales como argumento el nuevo convenio que se quiere incluir en el Plan General de Yaiza para intentar no afrontar la devolución de las casas y el dinero a los llamados compradores de buena fe.

Este jueves se celebró en el Juzgado número 2 de Arrecife un juicio en el que siete compradores de otras tantas viviendas solicitan que se anule el contrato de compraventa y por tanto que los promotores se queden con las casas y les devuelvan el dinero. Las tres empresas que vendieron estas casas, Palmera Canaria, Agueri y Alabena, se enfrentan atener que devolver cerca de un millón y medio de euros.

Los compradores han acudido a los tribunales al considerar que estos promotores vendieron a pesar de que conocían todos los problemas urbanísticos que había en el plan parcial, que ha sido anulado por los tribunales a instancias del Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique por considerar que el plan, cuando se comenzó a desarrollar, ya había quedado extinguido por la Ley de medidas urgentes del Gobierno de Canarias. Gracias a los recursos se llegó a lograr, incluso, que algunas obras se paralizaran de forma cautelar.

Todas las casas, unas 400, están fuera de ordenación y algunos tribunales ya fallaron a favor de los compradores condenado a los vendedores «por mala fe», mientras que la Audiencia provincial ha ratificado la anulación de la compraventa de otras dos viviendas que se encontraban en el mismo caso.

Para intentar no afrontar la devolución del dinero, los promotores, relacionados con el bufete Díaz de Aguilar, que ha seguido ligado a la entidad de conservación del plan parcial, alegan en los tribunales que la situación se va a regularizar por el convenio que se pretende firmar entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo, el Ayuntamiento y los representantes de la entidad de conservación del plan parcial, que también está anulada.

Los promotores de ese plan están intentando que los propietarios aprueben el convenio que convertiría el antiguo plan parcial en dos unidades de actuación y la antigua entidad de conservación en dos comunidades de bienes.

En una unidad de actuación se recogen casi todas las viviendas construidas y en la otra las parcelas en las que no se construyó. Además, en el nuevo instrumento de ordenación se recoge una parcela hotelera que asumiría los gastos derivados de la urbanización de la zona, aunque este compromiso no se recoge por escrito.