CLAVES
Por Manuel Riveiro
El gobierno del Cabildo de Lanzarote lleva en minoría tres meses, el Ayuntamiento de Arrecife se acaba de sumar a esa extraña situación, en la que hay más votos en la oposición que en el gobierno, y la tensión en San Bartolomé está en niveles máximos...
El gobierno del Cabildo de Lanzarote lleva en minoría tres meses, el Ayuntamiento de Arrecife se acaba de sumar a esa extraña situación, en la que hay más votos en la oposición que en el gobierno, y la tensión en San Bartolomé está en niveles máximos y ha impedido a Dolores Corujo concentrarse en el puente aéreo con Tenerife, sede del Parlamento de Canarias, y en su tarea de portavoz del grupo socialista. La inestabilidad incluso ha llegado a asomarse, aunque con más timidez, a la ventana del Ayuntamiento de Haría.
La crisis ha sido el estado habitual durante años en el espacio público lanzaroteño, que se ha ganado a pulso ser considerado un auténtico laboratorio político. Si se cumplen los pronósticos, así seguirá siendo en 2018 y, probablemente, hasta las próximas elecciones de 2019. El último movimiento en el tablero ha sido el de Coalición Canaria, abandonando el pacto de gobierno en Arrecife. Lo ha hecho aún sabiendo que la moción de censura contra la socialista Eva de Anta es un imposible. Ni Somos ni Podemos están por la labor de hacer alcaldesa a Ástrid Pérez y, para que den los números, además de PP, CC y PIL (el ingrediente de todas las salsas) hace falta, al menos, un voto de los dos de Ciudadanos.
Quien maneja la ‘estrategia’ de la formación naranja es Benjamín Perdomo, con cargo en la cúpula regional. El pacto, no escrito, de Ciudadanos es con el PSOE, como se ha evidenciado desde que estalló la crisis en el Cabildo. El objetivo -legítimo, en todo caso- es intentar el desalojo de Coalición del poder. En la Corporación insular no pudieron por la negativa de Podemos a situar de presidente a Pepe Juan Cruz, en cuyo pasado político identifican los peores vicios del urbanismo vernáculo. En Haría tampoco han podido moverle la silla a Marci Acuña, por un Pepe Dorta receloso de embarcarse en un gobierno con el socialista Alfredo Villalba y un tanto harto de que dé la impresión de que sus compañeros ‘del Puerto’ se avergüenzan de su gobierno con CC.
Si no está previsto que pase nada en Haría, en Arrecife la alcaldesa puede capear hasta 2019 con guiños a Somos y Podemos, y en el Cabildo más pronto que tarde se espera la llegada al gobierno del PP, previa rebaja de sus pretensiones iniciales, entre ellas el control absoluto de los Centros Turísticos. A los populares les interesa un altavoz institucional, aunque pensando en las próximas elecciones ninguno de sus tres consejeros se antoje cabeza de cartel. En sentido opuesto, por puro cálculo electoral a los dirigentes de Coalición les interesaba salir cuanto antes del gobierno capitalino.
La que tiene difícil abandonar sus responsabilidades municipales es la secretaria insular del PSOE: se niega a incorporar a los tres concejales que ha pescado CC de otros partidos en lo que va de mandato y todo apunta a que tendrá que camelar a Somos e Izquierda Unida para que Alexis Tejera se convierta algún día en alcalde, una vez que ya están destruidos todos los puentes con los nacionalistas y el mandato 2015-2019 se da ya por amortizado en la política lanzaroteña.
Y a todas estas, en Yaiza la alcaldesa y parlamentaria Gladys Acuña sigue cruzando los dedos por la primera sentencia del caso Stratvs. Una condena que conlleve inhabilitación, aunque no sea firme, provoca una situación de incompatibilidad sobrevenida y la destitución del cargo. Desde septiembre dicen que está lista la sentencia, a la espera del voto particular de uno de los tres magistrados del TSJC. Cualquier día de estos se desvela la incógnita.
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