El expediente de Stratvs provocó una seria discusión dentro de la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun) del Gobierno de Canarias. La Agencia convoca dos comisiones jurídicas para debatir el asunto, sobre el que había, según una de las actas, “una discrepancia radical” entre la Jefa del servicio de secretariado, Carlota Pérez, y la Jefa del servicio de instrucción, Sonia Gómez.

La primera consideraba que el informe técnico de la Apmun (muy contundente sobre Stratvs y que decía que lo construido superaba con mucho lo autorizado) contenía consideraciones jurídicas que no le corresponden.

Pérez defiende que no hacía falta calificación territorial para las obras  y además resalta en una reunión que las imputaciones judiciales de los técnicos del Gobierno de Canarias por su papel en el expediente se producen después de la emisión del informe.

Por su parte, Gómez defiende el informe, dice que la necesidad de la calificación territorial está consensuada con el Cabildo de Lanzarote y que el informe no se excede de sus competencias. Carlota Pérez propone hacer un informe complementario o aclaratorio. 

Lo llamativo del asunto es que en noviembre, la Jefa del servicio de secretariado envía un correo electrónico, aportado a la causa judicial, a Ana Quintana, que es jefa de los servicios jurídicos del Gobierno y que ejerce en la causa penal como abogada de varios de los técnicos del Ejecutivo regional imputados por presunta prevaricación.

En ese correo pregunta cuál sería “la vía más adecuada” para dar traslado de firma oficial del informe jurídico “que entendemos que puede tener trascendencia en el pleito penal”. No consta que se contestara.

Admitido a trámite el recurso contra el cierre

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha admitido a trámite el recurso presentado por la bodega Stratvs contra el cierre cautelar de las instalaciones, dictado por titular del Juzgado número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, que se ejecutó el pasado 20 de diciembre. La jueza apreció daños al medio ambiente por vertidos e irregularidades urbanísticas mientras que la bodega negó las acusaciones y consideró el precinto “desproporcionado”.