La Audiencia Nacional ha ratificado mediante una resolución del Ministerio de Justicia en la que rechaza la indemnización solicitada por un ciudadano, residente en Lanzarote, que fue arrestado e ingresado en el centro penitenciario de Tahíche de forma provisional, durante más de un año, imputado por conspirar para llevar a cabo un secuestro.

En concreto, estuvo internado en la cárcel desde el 25 de octubre de 2007 hasta el 29 de diciembre de 2008. Fue arrestado en el curso de una investigación de las fuerzas de seguridad en la que, supuestamente, tres personas querían cobrar una deuda de un ciudadano de origen francés, residente en la Isla.

Los investigadores temieron que fueran a secuestrar al francés o a su familia tras comprobar que el grupo había sometido a vigilancia su domicilio. Tras el arresto, en la vivienda de uno de los detenidos encontraron una pistola, monos, guantes, pasamontañas y bridas, lo que alentó la tesis de que estarían planeando un secuestro para obligarle a pagar una deuda.

Las fuerzas de seguridad justificaron la detención “ante el desarrollo de los acontecimientos y la inminencia de la comisión del secuestro”, llevando a cabo dos arrestos en Lanzarote y otro en Gran Canaria.

Sin embargo, el caso fue archivado. La Fiscalía consideró que “no quedó acreditado” que planeaban secuestrarlo sino que podría ser que barajasen desde un robo con fuerza para recuperar el dinero o darle una paliza.

“Ni siquiera está acreditado si los mismos iban a cometer un acto ilícito, ya que si bien se puede deducir” de la investigación que iban a exigirle el cobro de una deuda, no consta “la forma o medios que iban a emplear para ello”, señaló el Ministerio Fiscal.

El detenido residente en Lanzarote presentó en febrero de 2011 una reclamación de 178.500 euros al considerar que no existían de forma objetiva “los delitos por cuya presunta comisión” fue “privado de libertad” durante más de un año.