La adjudicación de las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca ha escrito un nuevo capítulo. En este caso, se trata de un fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que da la razón a la empresa FCC, en contra del criterio del Gobierno de Canarias.

En diciembre del año pasado el ente Puertos Canarios adjudicó las obras a FCC por casi cuarenta millones. Tres meses después, ante la reclamación administrativa de la UTE de Acciona y Lanzagrava, el propio Gobierno de Canarias dio marcha atrás y optó por suspender la adjudicación para iniciar un nuevo concurso. FCC recurrió esa decisión y el TSJC le da ahora la razón.

La decisión de Puertos Canarios la habían recurrido tanto Acciona como Ferrovial, que quedaron penúltima y última y en el concurso. Sólo se admitió la reclamación de Acciona porque no solicitaba que se convocara un nuevo concurso.

El TSJC señala ahora que la resolución del Tribunal administrativo de contratación pública, adscrito a la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, supone una "incomprensible incongruencia" porque Acciona no pedía que se hiciera una nueva convocatoria, y sin embargo el Tribunal resuelve hacer una nueva convocatoria.

Prevalece el interés público

El fallo del TSJC, que compara este caso con la decisión de suspender el proceso privatizador de la sanidad en Madrid, señala que el interés público prevalece en caso de conflicto y que ese interés exige la pronta ejecución de la obra adjudicada por Puertos Canarios.

El TSJC, por lo tanto, suspende la resolución del Tribunal Administrativo que ordenaba hacer un nuevo concurso, "con las consecuencias legales de ese pronunciamiento", entre las que está que la resolución del concurso de Puertos Canarios sea ejecutiva.