1 COMENTARIOS 08/12/2021 - 08:03

Decenas de miles de personas llegadas a nuestras costas después, tras dos años y medio de dramática actividad en la costa africana cercana a Fuerteventura y Lanzarote, también centenares de muertos más tarde (eso siguiendo cálculos muy conservadores), el tópico sigue dominando la dialéctica política en relación a la inmigración irregular que llega a Canarias por mar. No constituye una novedad, pero termina por resultar hiriente el abuso de palabras ya gastadas, en lo que se puede definir como un ejercicio de antipedagogía con pocos visos de remedio. Porque cuando hablamos de inmigración nos centramos más en los presuntos responsables que en las víctimas ciertas. Peor aún, en ocasiones llegamos a insinuar que somos nosotros, los canarios, las víctimas. Vamos con algunos ejemplos muy prácticos y nada rebuscados, porque están en los titulares de prensa prácticamente a diario.

Aquí no están bien atendidos. Ha sido el argumento empleado estas semanas por la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, en su recia negativa a la ubicación de un precario campamento de acogida en las instalaciones portuarias de la capital conejera. La alcaldesa Pérez ha sido aplaudida por sus seguidores y criticada por la ahora oposición de izquierda, pero lo que ha hecho es imitar el manual de estilo de los regidores municipales de toda Canarias, con independencia de sus siglas y tendencia ideológica. Incluso en el método, que consta de dos argumentos: a) legal, que la instalación carece de licencia, y b) emocional, argumentando que los inmigrantes estarían mejor atendidos en otro lugar. Es la misma dialéctica que empleó hace meses su homólogo de San Cristóbal de La Laguna, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, que incluso llegó a paralizar las obras de adaptación de los cuarteles de Las Raíces y Las Canteras, vía decisión de su Gerencia de Urbanismo, que argumentó la incompatibilidad del uso socio-humanitario en unas instalaciones militares, obligando al Gobierno central a una subsanación de urgencia para finalmente abrir los dos campos de acogida más grandes de las Islas, donde el balance es: problemas de escasa entidad en Las Raíces y cero conflictos en Las Canteras.

Hay que ponerse en la cabeza de los alcaldes, cierto. El empleado por Astrid Pérez es el modo que tienen los gobernantes municipales de explicar a sus vecinos que han hecho “todo lo posible” para evitar la presencia en su territorio de los campamentos de inmigrantes. Ha ocurrido en Antigua y, en Agüimes, Gran Canaria, donde un alcalde nacionalista y de izquierdas, Óscar Hernández, se puso de perfil hasta evitar la instalación de un campamento de Cruz Roja en el polígono industrial de Arinaga. De Mogán, la combinación de lágrimas y guaguas pagadas de Onalia Bueno, ni hablamos. Al final, como acertadamente ha señalado el magistrado Arcadio Díaz Tejera, un cargo público tiene que decidir si quiere formar parte del problema o de la solución, pero, si los votos del futuro cercano están en juego, porque además hay una oposición dispuesta a sacar tajada, la decisión es obvia. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, rompió la dinámica al ofrecer un colegio cerrado como centro de acogida. Pero fue el del barrio de El Lasso, quizá el más deprimido de la capital grancanaria. Sus vecinos no se lo tomaron bien y fueron etiquetados por ello. Pero cuidado con a quién llamamos racista, que es más fácil definir a los demás desde la comodidad de una zona próspera de la ciudad. Aunque eso, la cohesión interna en nuestras urbes, es materia para otro artículo.

Ellos no se quieren quedar aquí. Esta afirmación tiene un seguimiento prácticamente unánime en Canarias. Porque lo tiene todo: es cierta y además nos conviene. Los inmigrantes que arriban a nuestras costas, sean magrebíes o subsaharianos, en efecto quieren viajar a la Península o aún más lejos, a territorios francófonos donde se encontrarán con amigos y familiares. De ahí que el argumento natural en las Islas sea recelar de nuestra condición geográfica, frontera sur de la UE. La derivación a la Península ha sido el gran argumento de la política y la sociedad de las Islas, negado al principio por un Gobierno central que tuvo la osadía y torpeza de presentar un despliegue de campos con un total de 7.000 plazas con la petulante definición de Plan Canarias. Fue en aquellas semanas cuando el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se escandalizó ante la presencia en su ciudad (recordemos, más de 200.000 habitantes) de unas decenas de inmigrantes a los que no se les permitió embarcar en el ferry con destino a Huelva. Su argumento fue el de siempre: ellos no quieren quedarse aquí, quizá porque no admiran la excelencia y belleza de Santa Cruz, flor del jardín tinerfeño, que decía la canción. Al final, el Gobierno central entendió el mensaje y ha optado por la derivación “discreta” (otro eufemismo) de los inmigrantes, hasta mantener en las Islas a un 20 por ciento de los llegados a lo largo de este año. Si esta táctica (no se le puede llamar estrategia) supone un efecto llamada a medio plazo, pues se trata de una reflexión que no nos viene bien.

Marruecos no controla sus costas. Sí, probablemente es cierto. O quizá es una realidad parcial, compleja, como lo es la interacción entre la política (lo que se puede controlar) y las circunstancias (lo que nos viene dado). Confieso que siempre he sido seguidor de esta teoría, en muchas ocasiones confirmada por los hechos. Quizá no es tampoco una verdad palmaria, y les pongo un ejemplo de ahora mismo: Marruecos no controla la salida de embarcaciones cargadas de inmigrantes desde sus costas, pero la poderosa República Francesa, una potencia nuclear sentada en la mesa del G-7, tampoco puede hacerlo o eso parece, como saben perfectamente en el Paso de Calais para desespero del primer ministro británico, Boris Johnson, un tipo estrafalario al que nos gusta atizar todo el rato, pero que en este asunto concreto me temo que tiene toda la razón. El regreso de las patrullas conjuntas sería un modo de salir de dudas, pero ahí entra una diplomacia poco engrasada en estos tiempos atribulados en los que los eslóganes actúan como sedante.

Comentarios

Alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, argumento a) legal, que la instalación carece de licencia. Ástrid Pérez carece de la previa y preceptiva licencia u orden de ejecución por parte del Consistorio, para haber promovido obras de ampliación de su vivienda de La Bufona y una piscina. ¿Cuando firmará Ástrid Mª Pérez Batista un decreto en el que establecerá, en primer lugar, incoar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida en su casa de La Bufona, con las edificaciones ilegalizables que ha promovido la Srª Pérez sobre suelo rústico de protección ecológica El Jable, que no es de su propiedad?

Añadir nuevo comentario