La empresa Juan Antonio Rivera S.A. ha decidido, por primera vez, dar la cara en un asunto en el que tenía muchas cosas que explicar y que además son de difícil explicación. La empresa ha decidido hablar a través de su representante, no del propietario, y de un abogado. Si el medio es el mensaje, el portavoz también revela el nivel del diálogo: un abogado y un representante frente a dos ancianos de noventa años.

Tenía mucho que explicar la empresa y no lo explicó. La Diócesis de Canarias, por otra parte, ha explicado menos aún en una actuación que debería avergonzarles. Por varias razones: por permitir el sufrimiento innecesario de unos ancianos y por querer sacar partido de algo que, en realidad, no les corresponde. Las casa se construyeron en un suelo donado y las construyeron, con su mano de obra y recursos, los cursillistas de la cristiandad. La Iglesia ha ganado 360.000 euros por algo que no le costó nada y que estaba destinado a las familias pobres. Como es habitual en una institución opaca como ninguna, no se sabe el destino de esos 360.000 euros. La Iglesia dijo que serían utilizados en otras obras de caridad pero no lo demuestra, así que, como es una cuestión eclesiástica, habrá que tener fe en que sea así.

Sigamos. Cuando la empresa compra las seis casas con los inquilinos dentro, se incorpora una cláusula que dice claramente que la mercantil "respetará y permitirá que los actuales ocupantes puedan seguir usando las viviendas hasta su fallecimiento". Pues la empresa ni respetó ni permitió.

No hicieron saber a las familias que existía esa cláusula, aunque la Diócesis sí la aportó el día anterior al lanzamiento por desahucio. A esto le llama la empresa no ocultar el documento. Juan Antonio Rivera, por otra parte, se agarra a que en ese contrato se señalaba que la empresa "podrá realojar" y dice que ese podrá "no deja lugar a dudas".

Pues sí deja. Por ejemplo, si conocían esa cláusula ¿por qué intentaron vender por 60.000 euros la casa a los ancianos, si tenían derecho a vivir ahí, sin pagar?, ¿por qué no optaron por "respetar" su condición de precaristas y les hicieron saber la cláusula que habían firmado? Si nunca quisieron el lanzamiento, como afirman, ¿por qué apuraron hasta el último día y dejaron que fuera la Iglesia la que aportara el documento que lo paralizó?, ¿y por qué han seguido con otro pleito hasta fijar otra nueva fecha de desahucio?

En este caso hay que felicitar, finalmente, la labor del ahora concejal Andrés Medina que siempre ha acompañado y ayudado a estas personas, de forma concienzuda completamente desinteresada.

Y en el capítulo de motivos de resolución hay un hecho que parece clave. Lo primero que dijo en la rueda de prensa el representante de la empresa es que Iveco no tiene nada que ver con el asunto y que "el problema está en Lanzarote y no en Madrid". Este último mensaje dirigido al senador de la Isla, que envió una carta a Iveco para protestar por este hecho. El problema sí, pero la solución es evidente que estaba ahí. Con las empresas o personas a las que sólo les importa el dinero, hay que emplear el único lenguaje que entienden: la posibilidad de perderlo. Es evidente que a Iveco no le ha gustado la actitud de su concesionario y la mala publicidad que le podía dar una actuación tan impresentable.