No debe ser casual que cuanto más se acerca el juicio contra Luis Lleó y Fernando Becerra por el intento de soborno a Carlos Espino, que dio origen al caso Unión, más noticias aparezcan poniendo en duda la investigación y la instrucción, casi todas (o más bien todas) en el mismo periódico, aunque volcadas después en el diario propiedad de otro de los imputados.

El juicio se celebra por el procedimiento del jurado y se supone que algún miembro del jurado leerá la prensa. Además, ya ha salido bien un intento de anular actuaciones: la Audiencia provincial anuló, con la inestimable ayuda de la Fiscalía, las órdenes de entrada y registro a las oficinas de Lleó, y con ello quedan anulados los informes de la UCO que ponían de relieve el asesoramiento de dos miembros el Tribunal Constitucional (hoy uno es magistrado del Tribunal Supremo) a Lleó, o que un catedrático de prestigio había hecho un informe favorable a la licencia de Costa Roja que había encargado el empresario pero que había pagado el Ayuntamiento de Yaiza. Todo muy edificante. Por cierto, esas pruebas están anuladas para la Justicia pero siguen teniendo interés para los ciudadanos.

En noviembre comenzó la campaña, con Luis Lleó acusando al juez instructor y a la UCO de falsear pruebas, en concreto el informe urbanístico  de Costa Roja. Parecía difícil ir más lejos, pero no. Ahora, como suelen decir esas noticias, «varios imputados» (o no tienen  nombre o son tantos que no caben) preparan una querella contra el juez y la UCO y sostienen que  se hacían detenciones y registros sin dictar las órdenes y que éstas se dictaban después.

Es entrañable la preocupación de cierta gente, de estos varios imputados que siempre son los mismos (de entre los cien que hay en la operación) por aclarar y exigir un proceso con garantías para todos los encausados. Es de agradecer que intenten poner luz en todo este embrollo porque sería intolerable, por supuesto, que la policía y los jueces, o ambos, se salten a la torera los procedimientos que pueden limitar la libertad de empresarios, políticos y funcionarios de seguir delinquiendo a sus anchas, prostituyendo esos mismos mecanismos legales cuyo cumplimiento escrupuloso exigen. Es un atropello que después de tantos años haciendo y deshaciendo, con total impunidad, venga alguien a fastidiar el invento, que tantos buenos resultados ha dado a unos pocos.

Y es loable (viva la pluralidad) ese espacio otorgado en estos medios de comunicación por sacar a la luz la verdad, la verdadera conspiración (aunque no la aclaran mucho), para que todos sepamos que puede haber personas dentro de la Administración de Justicia, quizá no corruptas, pero que sí se olvidan de firmar papeles por vaya usted a saber qué oscuros intereses. Es muy importante poner el foco en esto en una Isla que es una ruina democrática, con Administraciones opacas e ineficaces, una red corrupta que empapa a todas las capas de la sociedad  y una política caciquil y clientelista.

En una democracia todo el mundo tiene que tener derecho a expresarse, incluso a tener su espacio en los medios de comunicación. Los abogados de los imputados pueden participar en tertulias o servir de fuente para las informaciones, pero no dejarán de ser abogados de los imputados, cuyo interés es, exclusivamente, el de que sus clientes no salgan condenados. Ponerles al mismo nivel que aquellos que los investigaron (o peor, por encima), darles presunción de veracidad en todo lo que dicen y, en definitiva, hacerles el juego para que se vayan de rositas, es una opción legítima. Lamentable pero legítima. Y ya que es legítima, lo podían decir claramente, no vaya a ser que alguien se confunda.