Habrá que felicitar al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, por la valentía de intervenir sin escatimar en medios (Guardia Civil y cerrajero incluidos) para acabar con las flagrantes ilegalidades que se dan en la Isla. No ha podido ser más claro. Incauta o confisca una planta desaladora y dos depuradoras por “la situación de absoluta irregularidad de unas instalaciones que desalan agua sin autorización, y vienen vendiéndola a terceros sin la correspondiente concesión”, y por tanto, como no tienen permiso no hay garantías de que el agua tenga la misma calidad que la que sale de una empresa autorizada como por ejemplo Canal Gestión.

Es de suponer que éste sólo sea el primer paso y que a esta desaladora le sigan las otras cuarenta o cincuenta que tampoco tienen convenio o tienen el permiso caducado, y que en algunos casos abastecen a terceros, como detectó el propio Consejo insular de aguas hace tres años en unas inspecciones. El agujero que se deja de ingresar anualmente por estas desaladoras es de unos cinco millones de euros. Ahora bien, si el Cabildo comenzara a incautarse de todas las instalaciones irregulares o ilegales que hay en la Isla, se convertiría en un holding imparable. No hace falta que hagamos un lista, ¿no?

Dice el Cabildo que hasta ahora no se ha podido hacer esto porque antes Inalsa estaba intervenida. Peregrino argumento, porque el que ordena la incautación es el Consejo insular de aguas y cuando Inalsa estaba intervenida tenía las mismas competencias que ahora. Por hacer memoria, en agosto de 2009, Inalsa pidió al Consejo que acabara con las desaladoras ilegales para paliar su situación, pero la petición no tuvo mucho eco. No es lo mismo confiscar para beneficiar a una empresa pública, algo intolerable digno de dictadores bolivarianos, que hacerlo para beneficiar a una empresa privada, que es lo que hacen los demócratas en los países serios con el objetivo de luchar contra la ilegalidad.

Ya va apareciendo la letra pequeña del proceso negociador entre Canal Gestión y el Cabildo. El pasado mes de octubre el gerente de esta empresa decía que iban a pedir al Consejo que normalizara la situación de las desaladoras ilegales. No hay nada como pedir. En la letra pequeña, tan pequeña que no se escribe, también estaba el cambio del Plan Hidrológico. San Ginés llegó a justificar que se liberalizaba la desalación de agua porque había un Decreto europeo que obligaba a ello. El Decreto no ha cambiado pero ahora el Plan va a garantizar que Canal Gestión tenga el monopolio del agua. Es curioso: algunos planes se hacen para acabar con las ilegalidades y otros para regularizarlas, como el Plan de Yaiza, el Plan Insular o el de La Geria.

Lo que ha pasado y lo que pasa con el agua es un escándalo mayúsculo. La quiebra de una empresa con monopolio o la permisividad para que algunos pudieran desalar agua y otros no y para no cerrar las desaladoras ilegales... Y parece que el escándalo sigue y sigue.