La propiedad de la bodega Stratvs, construida en el paisaje protegido de La Geria y cerrada de forma cautelar por orden judicial desde diciembre de 2013, ha solicitado ahora al Consejo Insular de Aguas la autorización para una planta depuradora de aguas residuales.

La solicitud se publica este miércoles en el Boletín oficial de Canarias, que da cuenta de la solicitud Juan Francisco Rosa, en representación de la empresa BTL Lanzarote, para obtener el permiso para una planta depuradora de aguas residuales.

En concreto, se ha solicitado autorización para una depuradora con capacidad para tres metros cúbicos por día, “no interesándose constitución de servidumbre o declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios”, se especifica en el anuncio del Consejo Insular de Aguas, que somete la petición a un trámite de información pública durante 30 días.

Cabe destacar que la ausencia de una planta depuradora fue uno de los elementos que valoraron tanto el Juzgado número 5 de Arrecife como la Audiencia Provincial, en varias resoluciones, para mantener el cierre cautelar de la bodega, durante cinco años o hasta que se celebrara el juicio.

En 2008, el Consejo Insular de Aguas emitió una autorización provisional de vertidos favorable a Stratvs. El entonces gerente del Consejo, José Juan Hernández Duchemín, investigado en la causa penal, indicó en su declaración en el Juzgado que la autorización de vertidos de forma “provisional y excepcional” se dio durante seis meses, pero que luego “no se cerró ni clausuró” la bodega.

"Parámetros desorbitados"

El ex gerente del Consejo Insular de Aguas también declaró que Stratvs había pedido inicialmente una autorización para vertidos y reutilización, pero que luego renunció a la reutilización de las aguas. Además, reconoció que una analítica efectuada por un técnico de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias dio “unos parámetros desorbitados” de contaminación.

En mayo de 2014, la Audiencia Provincial de Las Palmas cuando decidió mantener el precinto dictado el diciembre anterior por la jueza Silvia Muñoz, valoró que si se permitiera la actividad de bodega y restaurante en el complejo Stratvs “probablemente” se alcanzarían de nuevo esos “valores” contaminantes, “pues nada ha cambiado al no existir constancia alguna” de la instalación de “depuradora o estudio hidrogeológico que estaba obligado a poner y realizar el propio imputado" y que jamás realizó.

En junio de 2015, la Audiencia Provincial resuelve otro recurso en el que se solicitaba la reapertura de Stratvs destacando los indicios de "múltiples delitos". Entre las irregularidades de la bodega citaba “la ausencia de depuradora, de estudio hidrogeológico, la ocupación de más de 12.000 metros cuadrados cuando se autoriza” por el Gobierno de Canarias “la rehabilitación de una casa de valor etnológico y una bodega subterránea de unos 300 metros cuadrados”, así como “la ausencia de requisitos y garantías de no dañar el medio ambiente con la fosa séptica”.

Desprecinto pendiente de la Audiencia

La última decisión de la Sección Sexta de la Audiencia ha sido la de levantar la medida cautelar del precinto de las instalaciones, en un auto cuyo ponente fue el magistrado Salvador Alba y en contra de varias resoluciones anteriores de sentido totalmente diferente. Tanto la Fiscalía como Transparencia Urbanística, que ejerce la acusación popular en el caso Stratvs, han recurrido el levantamiento de la medida cautelar de cierre de Stratvs.

El abogado de Rosa solicitó por vía telefónica a la Audiencia que se ordenara al Seprona de la Guardia Civil que efectuara el desprecinto de las instalaciones, a lo que accedió Alba. Sin embargo, en otra resolución, el presidente de la Audiencia Provincial y de la Sección Sexta, Emilio Moya, decidió paralizar el desprecinto de Stratvs hasta que se resolvieran los recursos de las acusaciones y para evitar perjuicios “irreparables”.