El caso Unión puso el foco sobre la adjudicación del servicio de recogida de basura en Arrecife que se efectuó en 2002. El auto de la juez Silvia Muñoz que da por finalizada la investigación llega a dos conclusiones principales: que se dio el ‘cambiazo’ a la oferta presentada por Urbaser para que resultara vencedora y que se adjudicaron “de manera ilícita” al menos 8,4 millones de euros a la compañía, cuyos directivos están acusados de pagar sobornos a políticos y funcionarios del Ayuntamiento.

El contrato para la recogida de la basura, la limpieza de las calles y el mantenimiento de los parques y jardines estaba en manos de Tecmed, que luego pasaría a denominarse Urbaser. En el año 2002 finalizaba la vinculación entre el Ayuntamiento y la empresa y en el Consistorio se preparó un nuevo concurso público cuyo resultado, según la juez instructora del caso Unión, ya estaba decidido.

Así, la juez subraya que hubo un “concierto de voluntades delictivas” para que, “a cambio de una comisión, resultara adjudicataria la empresa Tecmed, aun no siendo la oferta más favorable” para las arcas municipales. La instructora de Unión apunta a directivos de la empresa a escala nacional, como Manuel Andrés Martínez o Santiago Alonso Herreros, a Dimas Martín, como “ascendente político absoluto”; a María Isabel Déniz, en aquel momento alcaldesa de Arrecife por el PIL; a Felipe Fernández Camero, secretario del Ayuntamiento y de la Mesa de contratación; y a Juan Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica.

La oferta presentada por Tecmed inicialmente “no era la mejor situada para obtener la licitación”, siendo más “beneficiosas” para el Ayuntamiento las de Clusa y FCC. Sin embargo, la juez considera que hay indicios suficientes para sostener que Fernández Camero, “en cuyo poder se hallaban las plicas” del concurso “a la espera de ser abiertas públicamente”, “facilitó su apertura de manera fraudulenta”. El objetivo, señala, era que Tecmed consiguiese de forma “ilícita” la “ventaja que necesitaba” en el concurso.

Arrocha “abrió la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife por la tarde” para efectuar el ‘cambiazo’ en el concurso de la basura

La juez apunta a Rafael Arrocha como el que, “tras abrir fuera del procedimiento establecido los sobres” de las otras empresas, “avisó” al gerente de Tecmed en Lanzarote para que redactase una nueva oferta, que elaboró otro directivo de la compañía investigado en el caso Unión, Stephan Jean Antoine Balverde. Esa segunda oferta “se sustituyó con carácter fraudulento” por la primera que habían presentado.

El plazo para entregar las ofertas al concurso para la recogida de basura en Arrecife concluyó el 14 de mayo de 2002. En cambio, la segunda oferta de Tecmed “fue colocada” el 22 de mayo, fuera del plazo. Para ello, indica la juez, Fernández Camero, “con incumplimiento consciente de las obligaciones de su cargo y con ánimo de participar y lucrarse con la trama delictiva, participó en la sustitución material de la oferta”. Arrocha “abrió la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife por la tarde, fuera del horario ordinario de atención público”, para efectuar el ‘cambiazo’.

“Ver a Felipe Fernández, entregar los pliegos”

“La cita”, destaca la juez, “fue anotada” por el gerente de Tecmed en la Isla “en un cuaderno de tapas azules con la nota: ‘Ver a Felipe Fernández, entregar los pliegos”. La instructora destaca en el auto que da por concluida la investigación que Jacinto Álvarez anotaba el pago de comisiones y resalta su ánimo de colaborar con la Justicia.

La segunda oferta que presentó Tecmed omitía el apartado de mejoras voluntarias a las que debían comprometerse las empresas que optaran al servicio. Lo que hizo Tecmed fue introducir la ejecución de dos proyectos de construcción de almacenes, talleres y oficinas, valorados en 3,9 y 2,3 millones de euros. La juez considera que se trataba de obras que no se encontraban recogidas en las bases del concurso y que deberían haber salido a licitación.

Así, la juez subraya que, incluidas las obras, los costes de la oferta de Tecmed triplicaban el precio de la licitación del contrato, con un coste “escandaloso” para el Ayuntamiento de Arrecife. Arrocha informó en julio de 2002 que “la oferta mejor valorada la ofrecía Tecmed” y en un pleno de agosto de ese año se adjudicó el contrato “alterado fraudulentamente” y con dos obras “que no habían salido a licitación”.

El contrato, que se efectuó con un “grosero” ánimo de lucro, se formalizó por 10 años, incluyendo pagos superiores a 6,2 millones de euros en obras que no estaban recogidas en las bases del concurso. En conjunto, “el contrato de recogida de basuras” a Tecmed, luego Urbaser, “se cuantifica en 700.000 euros mensuales, uno de los más caros de España”, recalca la juez.

Juan Rafael Arrocha, ex jefe de la Oficina Técnica de Arrecife.

Sobres con dinero

En el auto se sostiene que el gerente de Urbaser en la Isla, Jacinto Álvarez, “entregó un primer pago” a Dimas Martín “en el hotel Meliá Castilla de Madrid”. También que Álvarez “entregó como pago un sobre de dinero a Miguel Ángel Leal”, hombre fuerte del PSOE en aquella época. Sin embargo, sobre Leal matiza que “no figura corroborado” que “conociera que el contenido del sobre era dinero” y que “fuera de origen ilícito o destinado al abono de una dádiva por alterar el concurso”, por lo que decreta el sobreseimiento provisional de su imputación.

La juez apunta que hay indicios de que se entregó como pago un “sobre con 25 millones de pesetas”, unos 150.000 euros, “cuya destinataria era la alcaldesa de Arrecife en ese momento” y Dimas Martín. Además, señala que para “el mantenimiento del contrato”, Déniz “comenzó una serie de exigencias periódicas de objetos de lujo como relojes, joyas y bolsos, viajes, pagos en dinero y demás dádivas”, que fueron “atendidas” por Jacinto Álvarez en lo que la juez denomina “diario de un cohecho continuado” y en “grabaciones”.

Revisiones de precio ilegales

En el auto también se detalla cómo, “para seguir obteniendo fondos públicos de manera ilícita y continuar su injusto enriquecimiento”, el jefe de la Oficina Técnica pide a Urbaser que reclame al Ayuntamiento una “revisión de precios” del contrato. En marzo de 2003, menos de un año después de la adjudicación, el pleno aprobó la ampliación de medios personales y materiales del servicio, así como la modificación del plazo del contrato.

Por ello, Arrocha “solicitó como contraprestación 180.000 euros que fueron abonados aplazadamente” por Urbaser, a través de un directivo, Francisco Martínez Llerandi, que intervino “como correo para efectuar los pagos”. El jefe de la Oficina Técnica también llegó a pedir 18.000 euros “para la compra de otros tres concejales”.

La estrategia que se seguía era dilatar “intencionadamente” el pago de las facturas a Urbaser, para “presionar en el pago de las comisiones exigidas”. “Sólo por el contrato de recogida de residuos urbanos alterado en el año 2002 existía una deuda a favor” de la empresa “que ascendía a cuatro millones de euros”.