La Fiscalía provincial de Las Palmas ha confirmado este jueves que ha interpuesto un recurso contra el auto del juez Salvador Alba que anula la grabación inicial y otras tres del caso Unión, y que ha solicitado que se celebre una nueva vista con otro magistrado al “entender vulneradas las garantías procesales” por parte de Alba.

El juez Alba estimó en parte la solicitud de la defensa del empresario Luis Lleó, acusado del intento de soborno al exconsejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, para que desbloquease los permisos para una urbanización de más de 1.000 viviendas en la localidad de Playa Blanca (Yaiza).

En el recurso de la Fiscalía contra el auto de Alba, que decidió sobre las pruebas admitidas para el juicio, que se llevará a cabo mediante el sistema de jurado, se sostiene que la resolución del juez “no es ajustada a Derecho”. “En este momento procesal sólo se pueden anular las fuentes de prueba que sean nulas o ilícitas, lo que no es el caso”, recalca el Ministerio Fiscal.

Así, la Fiscalía subraya que “las grabaciones anuladas”, efectuadas por Espino al otro acusado, Fernando Becerra, que reconoció haber intervenido como intermediario de Lleó en el intento de soborno, “no vulneran derecho fundamental alguno, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.

En ese sentido, el Ministerio Fiscal resalta que “no se ha producido una intromisión en una conversación ajena”, puesto que Espino participaba en las mismas, así como que por parte del exconsejero “no se provoca delito alguno” de los acusados y “no se utiliza engaño para conseguir una confesión sobre hechos ocurridos con anterioridad”.

Además, “no se hace referencia a datos íntimos o de la vida privada, y mucho menos de una persona que no participa en unas conversaciones que, por otra parte, han sido admitidas y ratificadas por sus interlocutores”.

“Quebranto en la garantía de imparcialidad del magistrado”

Para la Fiscalía, “en el auto recurrido se hacen afirmaciones que denotan un pre-juicio, lo que implica un quebranto en la garantía de imparcialidad del magistrado” Salvador Alba, que además es el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial designado para celebrar el juicio.

En el recurso de apelación de la Fiscalía también se recalca que por parte de Alba “se descalifica la instrucción” al contener su auto afirmaciones como que “este procedimiento no tiene razón de ser” o que “los documentos no pueden ser más irregulares”.

Del mismo modo, añade el Ministerio Fiscal, “se anticipan preguntas concretas del objeto del veredicto cuando todavía no se ha celebrado el juicio oral”, entre otras irregularidades.

“En el auto recurrido se confunde la nulidad de la prueba con su fiabilidad, se anulan fuentes de prueba que contaban con autorización judicial motivada, y se valoran dictámenes periciales caligráficos propuestos por la parte, pero que habían sido previamente desestimados por la propia Sección Sexta, en una resolución de la que fue ponente” el propio Alba y que, por lo tanto, “no estaban admitidos ni válidamente introducidos en el proceso”.