El Gobierno central ha rechazado la solicitud de indulto formulada por el exsecretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, que fue condenado a un año de cárcel en el caso Yate, en el que se juzgó la concesión masiva de licencias en el municipio sureño.

El exsecretario reconoció los delitos y aceptó la pena en el juicio, pero luego recurrió para pedir la suspensión de la condena. La Audiencia Provincial denegó su petición y, con posterioridad, Vicente Bartolomé Fuentes pidió el indulto y que se suspendiera el cumplimiento de la condena mientras decidía el Gobierno central.

La petición de indulto ha sido rechazada y ahora la Audiencia Provincial ha requerido al exsecretario de Yaiza para que ingrese en prisión en cumplimiento de la sentencia. Aunque su condena no llegó a dos años de prisión, el límite habitual para que se acepte una suspensión en el cumplimiento de una pena, la Fiscalía solicitó el ingreso en prisión de Vicente Bartolomé Fuentes.

El fiscal Javier Ródenas destacó que “la percepción de impunidad en los delitos de prevaricación existe y se agiganta si el condenado elude la pena de prisión en un automatismo burocrático limitado a una visión rutinaria de comprobar la hoja histórico penal y el límite de la pena impuesta”.

La Fiscalía también aludió a la "exigencia de un plus de responsabilidad a quienes han ocupado cargos públicos utilizados para servirse del cargo para delinquir y no para servir al cargo con objetividad" y a los antecedentes del exsecretario, que está inhabilitado pero trabaja en el Cabildo de Gran Canaria.

En el caso Yate, Fuentes fue condenado por tres delitos: a seis meses de cárcel por prevaricación urbanística, a seis años de inhabilitación por prevaricación administrativa y a otros seis meses de cárcel por malversación de caudales públicos en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento público y mercantil.

La Audiencia Provincial dictó un auto el pasado 20 de abril en el que ordenaba el ingreso en prisión del exalcalde, José Francisco Reyes, y del exsecretario municipal. Reyes entró en la cárcel de Tahíche el pasado 23 de mayo. Ahora la Audiencia acaba de requerir al exsecretario de Yaiza para que ingrese de forma voluntaria en prisión.

Al rechazar la petición del exsecretario para que se le suspendiera la pena, la Audiencia recordó que “emitió informes a sabiendas de su manifiesta ilegalidad contribuyendo de manera decisiva en el dictado final de los decretos de concesión de licencia por el alcalde, propiciando con su actuación manifiestamente ilegal una alteración total de la realidad urbanística del municipio de Yaiza”.

En el caso Yate, iniciado a raíz de una querella de Carlos Espino, entonces consejero socialista en el Cabildo de Lanzarote, se confirmó la autorización de “construcciones y edificaciones hoteleras sin otra base legal que el capricho del alcalde”, recordó la Audiencia en su rechazo al recurso de súplica del exsecretario.

“Latente” la posibilidad de delinquir

La Audiencia también subrayó que el antiguo secretario de Yaiza acumula cuatro condenas y que “la posibilidad de comisión de nuevos delitos” por parte de Vicente Bartolomé Fuentes “está latente”.

De tal manera, resaltó “su condición de funcionario en activo actualmente” en el Cabildo de Gran Canaria, añadió que “en tal condición” de trabajador público “cometió los delitos de las tres condenas que pesan sobre el mismo, si bien una de ellas no es firme”, y apostilló que le consta “una cuarta condena por delito contra la seguridad vial, lo que probaría la variedad delictiva que practica el aquí penado”.

Para la Audiencia, los delitos de corrupción política que cometió el exsecretario suponen “uno de los ataques más demoledores que puedan infringirse a una sociedad democrática, no solo desde un punto de vista cuantitativo: por el perjuicio económico que producen, sino cualitativo: al socavar, hasta casi disolver, los principios mismos sobre los que se asienta aquélla”.

“Daños irreparables” a Yaiza

Además, la Audiencia también tuvo en cuenta que la gravedad de los delitos cometidos en el caso Yate “viene dada por los daño irreparables al municipio, por las construcciones desmedidas y contrarias a la normativa urbanística, que provocaron una alteración del territorio en perjuicio de todos los ciudadanos”.