"Lanzarote podría liderar, como así lo ha hecho en otras etapas de su historia reciente, iniciativas para garantizar que los criterios de sostenibilidad prevalezcan en la ordenación del territorio. Asimismo la Reserva de la Biosfera de Lanzarote podría contribuir activamente para, durante el proceso de tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley del Suelo de Canarias, se subsanen las deficiencias señaladas en este informe".

Esta es la recomendación final del informe elaborado por cinco de los seis miembros del Gabinete científico de la Reserva de la Biosfera sobre la Ley del Suelo que se ha enviado hoy a los miembros del Consejo. El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha querido añadir que no se trata de un dictamen sino de unas consideraciones de estos cinco miembros sobre sus "dudas y temores", a pesar de que los firmantes lo consideran un informe.

Según el dictamen, la nueva Ley respeta lo establecido en la legislación anterior sobre los espacios naturales protegidos pero, junto a una combinación de cuestiones, se eliminan garantías para el cumplimiento de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Por ejemplo, se permiten usos residenciales dentro de los Parques Naturales cuando "no sean nuevos", y que también se permite la calificación de suelo urbano y urbanizable.

Consideran que este hecho representa un "giro sustancial" respecto a la cultura de protección de los parques naturales. También critican que sea el mismo órgano que elabora un plan, ya sea insular o general, como el Cabildo o los ayuntamientos, el que pueda realizar ahora la evaluación ambiental, ya que eso les convierte en juez y parte.

Entre las amenazas que encuentran los expertos por la Ley está la inseguridad jurídica al derogar las Directrices de Ordenación General que son una garantía de los criterios de sostenibilidad. Otra amenaza serían los numerosos tipos de proyectos y procedimientos que propician actuaciones territoriales excepcionales.

Destacan que gracias a los proyectos de interés autonómico o insular se podrán hacer actuaciones públicas o privadas en cualquier clase de suelo, como proyectos industriales, energéticos, deportivos, culturales o turísticos. Consideran que la discrecionalidad y la velocidad de su tramitación ponen en riesgo cualquier intento de planificación territorial integrada.

También señalan que puede causar el mismo efecto otros instrumentos que se prevén en la Ley, como las ordenanzas provisionales municipales o insulares, los Planes de modernización y los programas de actuaciones en el medio urbano, así como la capacidad que se otorga al Gobierno de suspender el planeamiento o los convenios urbanísticos.

Expulsión de los agricultores

Por otra parte, destacan que una de las mayores amenazas es el riesgo de expulsión de quienes de verdad viven de la actividad agraria, ya que aumentarán las expectativas de implantar en suelos rústicos actividades más lucrativas, sobre todo en los espacios rurales más cercanos a centros de población.

Otra de las amenazas sería el posible colapso administrativo que podría producirse en los ayuntamientos ante la falta de medios materiales y humanos para afrontar las competencias que les otorga la Ley del Suelo.