1. “El Cabildo saca de nuevo a concurso el Albergue de La Santa mejorando las condiciones de su adjudicación”. Eso es lo que dice el propio Cabildo en nota de prensa. Es curioso que llame mejoras a pasar de querer cederlo por diez años y cobrando 360.000 euros a que sea por cinco años y cobrando 60.000 euros como canon. Es decir, que el Cabildo ingresará un tercio de lo que quería ingresar.

Las prospecciones petrolíferas son una amenaza de tal envergadura que merece la pena que se use contra ese proyecto todos los recursos posibles. Aunque ha quedado claro que la oposición es mayoritaria entre los ciudadanos, más allá de partidos políticos, sólo con la oposición ciudadana probablemente no alcanzaría, así que no viene mal el apoyo de las administraciones, como los cabildos o el Gobierno de Canarias, a pesar de que se corre el riesgo de que quieran capitalizar o rentabilizar políticamente esta oposición o una posible victoria.

Desde hace un año y medio se viene anunciando, en privado y casi en público, una querella contra el primer juez instructor de Unión, César Romero Pamparacuatro. Incluso se llegó a celebrar una reunión en Puerto del Carmen a la que asistieron varios empresarios y abogados de diferentes imputados para sumar fuerzas y firmar esa querella, que hasta ahora no se ha puesto. A cambio, se ha ido propagando una teoría de la conspiración, a la que se han ido sumando voces (de forma proporcional a sus necesidades económicas) que cada vez alcanza explicaciones más esperpénticas sobre el origen del caso y las relaciones entre los distintos protagonistas.

Hay días en que se desciende a la normalidad. Como el de ayer. Un tribunal formado por tres jueces decide que una bodega debe seguir cerrada. La normalidad diría que la bodega tendría que estar abierta pero también que antes de eso tenía que haber cumplido, como hace casi todo el mundo, la ley. O las leyes. O al menos una. La costumbre hacía esperar que la iban a abrir pero resulta que...