Que la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Ástrid Pérez, sea incluida en una lista de mujeres influyentes en el ámbito nacional me deja perpleja. Desconozco los criterios de elección desplegados por la revista Yo Dona para seleccionar a sus protagonistas pero se me ocurren muchos otros nombres, incluso de la política, incluso del Partido Popular.

El apoyo mayoritario a la fuerza conservadora en las pasadas elecciones situó a cientos de mujeres del PP en puestos de responsabilidad en ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autónomos, ministerios y órganos legislativos y judiciales.

Pero ¿cuál puede ser la capacidad de influencia de una diputada canaria en la oposición, también consejera del Cabildo en la oposición, por muy presidenta insular que sea? Probablemente, cualquier homóloga del grupo de Gobierno del Ejecutivo autónomo o de la primera Corporación, incluso cualquier concejala con responsabilidades de gestión supera a Ástrid Pérez en poder, autoridad o peso político. Todo eso que se consigue en nuestra sociedad cuando se tiene mando.

Muestra de ello es el listado de mujeres que acompaña a la lanzaroteña en el catálogo de poderosas: Las ministras Ana Pastor, Ana Mato o Fátima Báñez, la eurodiputada de Podemos, Teresa Rodríguez o la líder de la Plataforma Antidesahucios y cabeza visible de Guanyem, Ada Colau… Todas con poder político o con posibilidades de adquirirlo, con capacidad de decisión actual o futura sobre las vidas de españoles y españolas. Para bien o para mal.

Pero si la elección de Pérez me asombra, la desfachatez de sus declaraciones, “No soy feminista. Creo en la igualdad por capacidades y trabajo. No me gusta la discriminación positiva", me enciende la sangre.

Porque, pese a que la líder del PP lanzaroteño gusta de presumir de que “a ella no le han regalado nada”, nacer en el seno de una familia económicamente acomodada como para enviar a los hijos e hijas a la universidad hace treinta años, marca una diferencia sustancial.

Es esa falsa apuesta por “las capacidades y el trabajo” la que justifica para los conservadores la reducción de las becas, la subida de las tasas universitarias y una Ley de Educación que habla de futuros trabajadores en vez de mencionar a quienes serán futuros ciudadanos. Poca oportunidad tendrán de demostrar inteligencia o esfuerzo quienes nunca lleguen a pisar una facultad por falta de medios económicos.

Y respecto a la discriminación positiva, son tantos los argumentos para su necesaria implantación que requeriría del abuso del espacio virtual y de la paciencia de quien lee estas líneas.

Solo invito a reflexionar sobre el hecho de que, mientras las mujeres sean despedidas por quedar embarazadas, no contratadas por ser madres, cobren menos que sus compañeros varones, tengan más dificultades que ellos para ascender en el escalafón pese a sus capacidades y a su trabajo, cualquier medida que se tome en su beneficio no será por discriminación positiva sino por justicia.

Y entenderlo no tiene que ver con el feminismo sino con la sensibilidad.