La situación de la inmigración irregular hacia las Islas Canarias es insostenible. En este diagnóstico estamos de acuerdo todos en el archipiélago, pero no ahora, a la vista de los flujos de embarcaciones y personas a los que estamos asistiendo en esta temporada, sino hace ya mucho tiempo, desgraciadamente. En lo que discrepamos con algunos es en el significado profundo del problema y en la manera de afrontarlo, porque rechazamos el racismo y la xenofobia. Pero, de lo que no cabe duda es que la Unión Europea tiene que implementar con urgencia una política común de fronteras y acogida de inmigrantes presidida por el respeto a los derechos humanos.

La inmigración no va a parar, porque no se le pueden poner fronteras al hambre, la miseria, las guerras y a los legítimos deseos de mejora de los desposeídos del mundo. Las personas van a seguir saltando vallas, cruzando mares en frágiles embarcaciones y jugándose la vida para migrar mientras la humanidad no sea capaz de entender que habitamos un mismo planeta que nos debe alimentar a todos y en el que esperar una vida digna. Pero, mientras tanto, tenemos que ser capaces de abordar el problema con la implicación, por este orden, de la Unión Europea y el Estado Español, para que la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares dejen de cargar con un problema que no es suyo y para el que carecen de los recursos adecuados.

Al encontrarnos desbordados, inevitablemente, se extiende entre la población con facilidad el miedo al contagio por coronavirus, pero se trata de un temor infundado como demuestran los datos. Más de 600 firmas respaldan ya el 'Manifiesto Ciudadano de Lanzarote para el Trato Digno de las Personas Migrantes', quienes señalan que el supuesto riesgo de contagio de la covid-19 por las personas llegadas en pateras tiene más que ver con xenofobia que con la situación sanitaria concreta, principalmente porque, además de una cuarentena preventiva, se les practica pruebas de forma sistemática.

En Lanzarote, en Canarias, todos los años y durante todo el año, pero sobre todo por estas fechas de bonanza en Atlántico oriental, nos vemos obligados auxiliar a una gran cantidad de personas sin disponer de las infraestructuras ni los medios materiales y humanos necesarios para ello. No están en régimen de todo incluido, como alguno ha insinuado con malicia, sino que en su mayor parte se encuentran internados y en cuarentena, al raso, bajo carpas o en instalaciones pequeñas o que no reúnen condiciones, lo cual —tengo que reconocerlo— contradice nuestro compromiso ante el fenómeno migratorio de combinar respeto por los derechos humanos, cooperación con los países de origen y tránsito, control de la inmigración irregular y políticas de integración.

La resolución de los problemas pasa inevitablemente por reconocer su existencia, sus causas y su dimensión. Y en Lanzarote, en Canarias, tenemos un problema con la inmigración ilegal, pero que está estrechamente relacionado con los derechos humanos y que no está siendo atendido adecuadamente. En las Islas necesitamos medios y recursos y una política basada en el realismo, la solidaridad y desconectada de la agenda partidista que ordene las políticas migratorias conforme a los principios del Estado de Derecho y, a la vez, garantice el respeto de la dignidad de todas las personas que llegan y el reconocimiento de sus derechos fundamentales.

De la Unión Europea reclamamos políticas de buena vecindad, cooperación y codesarrollo con los países de origen de los flujos migratorios y los de tránsito. Y pronto, porque se corre el riesgo de que esta tormenta perfecta formada por la emergencia sanitaria y la subsiguiente crisis económica y social acabe generando olas tan enormes que sean imposibles de navegar.

* Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa