Suponiendo que el título del artículo induce a pensar en sumisión ciudadana, comienzo por aclarar que me estoy refiriendo a la más que preocupante sumisión de un Partido Popular de Lanzarote (PPL) que se manifiesta una y otra vez incapaz de defender mínimamente los intereses de los muchos ciudadanos que les votaron en los pasados comicios electorales, locales y generales, y tres cuartos de lo mismo podría decirse del PP.

No es nueva la apasionada defensa del PPL del proyecto petrolero que rechaza la inmensa mayoría de la sociedad lanzaroteña y la totalidad de sus 8 administraciones locales –paradójicamente, incluidos los dos ayuntamientos en los que gobiernan- a quienes el PPL da la espalda por la falta de valentía que si han tenido sus compañeros de filiación política en Valencia o Baleares, y todo por pura sumisión a las directrices de su presidente y Ministro de Industria y Turismo, el señor Soria.

Algo más reciente es la lamentable sumisión del PPL en la defensa a ultranza de las bondades para Lanzarote y Canarias de los Presupuestos Generales del Estado en 2014, calificados por la presidenta insular del PP como “los mejores de la historia para Lanzarote y Canarias”, a pesar de los enormes recortes a esta comunidad, y de no contemplar expresamente ni un solo céntimo de euro inversor para la isla que dice representar, aduciendo por contra un enorme esfuerzo inversor del Ministerio de Fomento de 17 millones de euros en el Puerto de Arrecife, cuando en realidad se trata de una inversión financiada íntegramente con fondos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (AP) y europeos al 50 %, sin que el Ministerio complemente con un sólo euro la misma, tal y como ha solicitado y explicado en innumerables ocasiones el presidente de la AP, don Luis Ibarra. Lo saben, pero siguen mintiendo, erre que erre sin siquiera ruborizarse por tanta sequía presupuestaria y tanto faltar a la verdad a sabiendas. 

Pero el último y, por evidente, más preocupante de estos vergonzantes episodios de sumisión del PPL tiene que ver con el atropello que supone para los canarios la eliminación de la obligatoriedad de escala en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote de la línea marítima Península-Canarias subvencionada por el Estado. Y es que si bien he de admitir que en un primer momento el senador por Lanzarote estuvo a la altura de lo que esperamos de quien debiera representar nuestros intereses –y honestamente creo que actuó desde la convicción–, lo cierto es que ha debido de ser llamado al orden y a cerrar filas con esa decisión del PP nacional porque,  nuestro gozo en un pozo, ahora resulta que para el senador y el PP lanzaroteño, quienes alzamos la voz somos unos alarmistas y las consecuencias ya no serían tan dramáticas por cuanto “aún tenemos el servicio hasta marzo”, dicen, y además “tenemos garantizada la conexión con península porque un operador mantiene una conexión con Huelva”, conexión voluntaria que podría ser eliminada mañana mismo, si así lo decidiese libremente el operador.

Solo puedo calificar de penosa la recogida de velas del PP canario en general y del PP insular en particular. Aquí la única realidad es que el gobierno central del PP, para hacer a las operadoras más atractivo el concurso que en su día quedó desierto, ha decidido por una parte subir la cuantía de la subvención a otorgar, y por otra eliminar del pliego de condiciones la obligatoriedad de realizar una escala en estas tres islas. Todo lo demás son burdos intentos de justificar lo injustificable y minimizar los efectos que agravarían sin ningún género de dudas la doble insularidad que sufrimos. Incluso se permite el ministro, inmediatamente secundado por el senador lanzaroteño, derivar en el Gobierno de Canarias la responsabilidad de lo que ha sido una decisión exclusiva de su gobierno, en un ejercicio inaudito de funambulismo competencial a cuenta del transporte interinsular, que sólo pretende confundir y corresponsabilizar a otros de su nueva agresión a Canarias. Eso sí, con el inestimable, frecuente y más que sospechoso alineamiento argumental de determinadas patronales empresariales, que empezaron como el senador por poner el grito en el cielo, para terminar reproduciendo tal cual los mensajes de Soria, “que Canarias arrime el hombro, si lo arrima, puedo asegurar que va a haber una solución”.

En definitiva, se trata de una sumisión tardía y perfectamente retratada, que explica muy bien el porqué a estas alturas del siglo XXI es más necesaria que nunca una fuerza nacionalista que defienda en Madrid los intereses de esta tierra sin ataduras, y sin el deber de sumisión y obediencia que en Canarias lastra  la independencia de los partidos de ámbito estatal.

Es cierto que ni PSOE ni PP han incluido nunca en la Ley dichas escalas como Obligación de Servicio Público (OSP), y este es en el fondo el quid de la cuestión si no queremos andar al albur de la voluntad en los pliegos de los distintos gobiernos. Sin embargo, eso no fue óbice para que, aún sin esa declaración de OSP en la Ley, en el 2007 el pliego del concurso que da cobertura al vigente contrato prorrogado, incluyese la obligatoriedad de unas escalas que ahora hay que volver a suplicar al PP, cuando entendíamos que ésta cuestión ya estaba por fin superada y entendida en Madrid, aunque fuese siglos tarde. Algo tan simple de entender, como que tan importante es el transporte terrestre en territorio peninsular, como el marítimo en los territorios insulares. No sé por qué será que si se entiende cuando es otro el archipiélago del que se trata, pero yo diría y me temo que las petroleras también, que en ese otro archipiélago no se da esta insoportable sumisión del Partido Popular local. ¿Ustedes que opinan?