Si concedemos veracidad a las cifras publicadas por los medios de comunicación —y no hay motivo para no hacerlo, puesto que proceden de los propios expedientes municipales de adjudicación—, el Ayuntamiento de Arrecife ha gastado en lo que va de mandato del orden de veinte millones de euros en fiestas y eventos. El PSOE eleva ya la cifra a más de veintitrés millones, contando expedientes sin contabilizar. Millones de euros cada año para una capital de setenta mil habitantes gastados en levantar escenarios y repartir contratos.

El gobierno que conforman en la capital el Partido Popular y Coalición Canaria no ha querido reparar en que la ciudad arrastra déficits de todo tipo —de infraestructuras, de mantenimiento, de servicios básicos— que ponen en cuestión que se destine una cantidad tan extraordinaria de recursos públicos a la promoción de eventos, esos que garantizan votos fáciles de una parte de la población que prefiere no mirar de frente la realidad del municipio en que vive.

Cifras que hablan solas

A esos veinte millones hay que sumar un dato que por sí solo debería bastar para abrir una comisión de investigación política, al margen de la judicial, pues solo los contratos marco de montaje, luz y sonido, adjudicados de forma reiterada a una misma empresa, han supuesto 8,3 millones de euros en dos años y medio, repartidos en sesenta y ocho expedientes distintos. Una sola proveedora, beneficiaria sistemática del dinero de todos.

El espejismo de la comparación

El gasto navideño, dividido entre los habitantes de la capital, arroja 9,2 euros por habitante, siendo la cifra más alta de toda España, según el análisis de Business Insider, por delante de Vigo (7,9 €), Oviedo (5,9 €) o Santa Cruz de Tenerife (5,7 €). Las Palmas de Gran Canaria, para que se entienda la distancia, gastó 0,6 euros por habitante.

Pero esa comparación, lejos de servir de coartada, nos devuelve otra realidad. Vigo, Oviedo o Santa Cruz son ciudades con un nivel de infraestructuras, de servicios urbanos y de calidad de vida que Arrecife está lejos de poder exhibir. Este derroche del que se hace gala no parece compensar que la capital lanzaroteña no pueda ofrecer lo que sí ofrecen esas ciudades entre fiesta y fiesta. Gastar como una gran capital sin comportarse como tal en lo cotidiano no es una anomalía estadística, es la prueba del despropósito.

Porque mientras se libran sesenta y ocho expedientes para una sola fiesta, cualquiera que camine por Arrecife encuentra el reverso de esa orgía permanente en forma de tapas de alcantarilla hundidas, árboles talados y no repuestos, socavones en las vías, contenedores de residuos mal ubicados, sucios y malolientes desde hace tiempo. Ese es el contraste real entre los millones para el escenario y el silencio administrativo para lo que de verdad sostiene la vida diaria de la ciudad.

Despilfarro

Gran parte de ese gasto se ha destinado, además, a conciertos gratuitos de artistas que en otras plazas llenan estadios y por los que el público paga entrada. Regalar lo que en cualquier otra ciudad tiene precio no democratiza la cultura, sino que la desvaloriza, y convierte cada fiesta en un escaparate de gasto sin retorno. Nueva Canarias ya lo calificó de “incomprensible”, pues mientras la programación cultural de la ciudad se organiza con desorganización crónica, el consistorio muestra una celeridad sorprendente para sacar adelante eventos esporádicos, sin arraigo cultural ni interés general demostrado.

Patrimonio y urbanismo, aparcados en un cajón

Parte de este fracaso de gestión no se explica solo por el gasto desbocado en fiestas, sino por algo más de fondo, rozando la incapacidad de este gobierno municipal para mirar el espacio urbano desde parámetros cívicos, de salud, estéticos y medioambientales. No es sólo que se prefiera el escenario efímero a la calle bien cuidada, es que faltan los instrumentos que deberían ordenar esa mirada. Ahí está, sin aprobar, el catálogo de protección de los bienes culturales del municipio, la herramienta llamada a identificar y salvaguardar lo poco que queda que otorga carácter e identidad a Arrecife. Y ahí sigue, también, en un cajón, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el instrumento que debería fijar por fin un modelo de ciudad coherente, en lugar de la acumulación de parches y ocurrencias con que se viene gestionando el territorio.

De los motivos que llevan al equipo de gobierno a mantener ambos documentos secuestrados solo cabe especular, porque ninguna explicación oficial se ha dado hasta ahora. Y de todas las que podrían considerarse, ninguna se lee en clave de interés general, sino de cálculo electoral que rehuye comprometerse con normas que limitan lo que hoy se puede construir o modificar sin control, de la comodidad de gobernar sin las ataduras que impondría un catálogo patrimonial o un planeamiento general actualizado, o del tiempo ganado para repartir toda suerte de prebendas en forma de aprovechamientos urbanísticos para los suyos que van a quedar disimuladamente recogidas en el documento final. Sea cual sea la razón real, el resultado es el mismo, el de una ciudad que gasta en fiestas como una rica capital y que, al mismo tiempo, renuncia a dotarse de los instrumentos que le permitirían crecer con criterio, proteger lo que tiene y dejar de improvisar su propio paisaje urbano.

A este déficit de instrumentos se suma otro, más grave todavía porque no es fruto de la incapacidad, sino de la negativa a escuchar a la ciudadanía. Al vecino de Arrecife se le niega la condición de usuario y conocedor de la ciudad que habita, y con ella la posibilidad de aportar alternativas propias a la gestión del espacio público. No se le pregunta cómo quiere que se organice su espacio público sino que se le entrega todo ya decidido, ya contratado, ya gastado, y se espera de él únicamente aplauso y silencio.

Si Ástrid Pérez ya dejó muestras sobradas de una soberbia extraordinaria en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, el alcalde Yonathan de León no le va a la zaga, y a esa soberbia suma el mérito añadido de conducir al Ayuntamiento de Arrecife hacia la bancarrota.

El frente judicial que nada frena

Esta cascada de gasto no solo es cuestionable por el derroche que supone para un municipio con tantas necesidades desatendidas, pues cuenta ya con un recorrido judicial que, sin embargo, no ha hecho que el equipo de gobierno frene su dinámica. El 7 de agosto de 2026 la Fiscalía presentó una querella contra el alcalde, Yonathan de León (PP), y el concejal de Hacienda, Contratación y Festejos, Echedey Eugenio (CC), por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración, en relación con Navilán, la Feria de Abril, el Carnaval y la feria inspirada en el circo Billy Capers. Y eso que Echedey ha manifestado que no le gusta cómo se hace. Pero lo hace.

El decreto, firmado por el fiscal Fernando Rodríguez Navarro, describe un sistema de contratación basado en el uso reiterado del contrato menor y en la fragmentación “artificial” de servicios homogéneos que, por su unidad funcional, deberían haberse licitado como un todo. El Ministerio Público sostiene que existen indicios racionales de que estas irregularidades no son “episodios aislados”, sino “una forma reiterada de actuar”, apoyándose en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional fechado el 30 de junio de 2026. La propia Fiscalía ha pedido ampliar la investigación al Carnaval de 2024, la Feria de Abril de 2024 y las dos últimas ediciones de Navilán, y citar como testigos a la interventora municipal y al secretario accidental del Ayuntamiento. Todo esto a CC le debe parecer poco destacable porque ya ha manifestado que Echedey volverá a ir el número uno en las listas municipales del partido a la capital. De Yonathan, aún no sabemos si el PP lo devolverá a su trabajo anterior o les parecerá que es su candidato ideal.

No es un dato menor que, desde que Yonathan de León llegó a la alcaldía en el verano de 2023, se hayan levantado ya más de ochocientos expedientes con reparos de Intervención, lo cual muestra la excepción convertida en costumbre administrativa. Y en fechas recientes, el propio interventor municipal ha frenado el pago de facturas por casi tres millones de euros por “irregularidades” y falta de crédito, citando expresamente la investigación abierta.

Frente a todo ello, los investigados han respondido defendiendo la legalidad de los contratos y expresando su “tranquilidad”, que, de cara a la galería, es en realidad síntoma del nivel de irresponsabilidad en el que incurren, pues la querella ni siquiera frenó la organización de las fiestas de San Ginés de 2026, que se estrenaron con toda normalidad días después de conocerse la acusación. Más que manifestar tranquilidad debieran haber expresado su preocupación. Pero ese es el nivel.

No basta con que sea legal

Ahí está la clave que el PP y Coalición Canaria se niegan a asumir: que un gasto resista —o pretenda resistir— el filtro de la legalidad no lo convierte en razonable. Gastar por encima de las posibilidades reales del municipio, detrayendo recursos de partidas necesarias para sostener infraestructuras y servicios básicos, es frívolo y profundamente antiético, aunque ningún juez llegue a declararlo delito. La inconsciencia con la que se maneja el dinero público es la seña de identidad de este gobierno municipal, y no hace sino confirmar, expediente tras expediente, su incapacidad para gobernar una ciudad con las prioridades de quienes la habitan todo el año cuando cada fiesta termina. Aunque ahí puede estar la clave, se han instalado en una fiesta permanente para que no reparemos en el profundo agujero en que nos han metido entre Yonathan y Echedey, entre el PP y CC.

Con Ástrid fuera del juego de poder en Canarias, confiamos en que el PP regional tenga algo de tino para revertir el disparate con que se han venido manejando las siglas del partido en Lanzarote. Es de esperar que tengan cabeza y sientan un poco de vergüenza de manera que no piensen solo en la fórmula para aferrase al poder, sino en la de servir al interés general, situación en la que se encuentran, incluso, sus votantes, hartos de hacer actos de fe con el partido en Lanzarote, al menos desde hace 18 años.