El Ayuntamiento de Yaiza ha iniciado los trámites administrativos y técnicos para ejecutar la demolición parcial del hotel Son Bou, situado en Playa Blanca y propiedad de la empresa Hotel Princesa Yaiza SA, vinculada al empresario Juan Francisco Rosa, cuyo coste deberá asumir la mercantil, según ha asegurado este miércoles el alcalde, Óscar Noda.

El regidor ha comparecido en rueda de prensa en la Casa del Camello de Uga para explicar las actuaciones que emprenderá el Ayuntamiento tras recibir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que le ordena contratar la redacción del proyecto y la dirección de las obras de demolición parcial del complejo.

Noda ha insistido en que la Administración local acatará la resolución judicial y ha asegurado que la demolición no supondrá una carga económica definitiva para los vecinos del municipio, aunque inicialmente el Ayuntamiento pueda tener que adelantar los fondos necesarios.

"Sí es verdad que en un principio tendremos que adelantar nosotros los fondos, pero está claro que ningún vecino o vecina de Yaiza va a tener que pagar la demolición de ese hotel", ha señalado.

El alcalde ha recordado que el procedimiento afecta al complejo Son Bou y no al Hotel Princesa Yaiza, al tratarse de dos establecimientos hoteleros independientes, aunque la propiedad del primero corresponda a la mercantil Hotel Princesa Yaiza SA.

Un año para el proyecto

El TSJC ha concedido al Ayuntamiento de Yaiza un plazo de un año para redactar el proyecto de demolición parcial del hotel y otro no superior a dos años para ejecutar las obras.

Noda ha explicado que, nada más recibir la resolución judicial y analizar su contenido con los servicios jurídicos municipales, dictó una providencia dirigida a la Oficina Técnica para poner en marcha las actuaciones necesarias.

El Ayuntamiento procederá a elaborar los pliegos administrativos y técnicos para contratar los trabajos de demolición y los servicios de dirección facultativa de las obras.

Según ha indicado el alcalde, la intervención afectará aproximadamente a dos terceras partes del complejo hotelero, por lo que será necesario planificar los trabajos teniendo en cuenta su complejidad técnica.

El regidor ha señalado que deberán garantizarse las condiciones de estabilidad y seguridad de la parte de la edificación que permanezca en pie, para evitar que la demolición afecte a la estructura que no deba ser retirada.

Noda ha valorado que el tribunal haya respetado los plazos solicitados por el Ayuntamiento para organizar una actuación que requiere la redacción de documentación técnica, la contratación de los trabajos y su posterior ejecución.

Durante el procedimiento, el Ayuntamiento deberá informar a la Sala de los avances administrativos y técnicos relacionados con el cumplimiento de la sentencia.

La propiedad deberá asumir el coste

El alcalde ha reiterado que la empresa Hotel Princesa Yaiza SA, propietaria del complejo Son Bou, deberá asumir el coste de la demolición parcial, tal como establece la resolución judicial.

Según ha explicado, una vez completada la documentación necesaria, el Ayuntamiento solicitará que sea la propia mercantil quien ejecute los trabajos.

En caso de que la propiedad no atienda este requerimiento, será la Administración municipal la que acometa la actuación y repercuta posteriormente los gastos a la empresa.

"Si tenemos que adelantar el dinero para ejecutar la demolición, lo haremos, pero ese coste corresponde a la propiedad y así lo recoge la resolución judicial", ha subrayado Noda.

El regidor ha insistido en que el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir las resoluciones judiciales y, al mismo tiempo, proteger los recursos públicos municipales.

Preguntado por una posible reclamación de responsabilidad patrimonial de la propiedad contra el Ayuntamiento, Noda ha asegurado que esta cuestión ya ha sido consultada con los servicios jurídicos.

Según la interpretación expuesta por el alcalde, el fallo judicial descarta que esa vía pueda utilizarse para obtener una compensación económica, teniendo en cuenta los beneficios derivados de la explotación hotelera durante estos años.

Hotel Son Bou.

Actuación municipal

Durante su comparecencia, el alcalde ha recordado que las licencias originales del complejo datan de 1998 y 2001 y que la sentencia que las anuló fue dictada en 2005, antes de su llegada al Ayuntamiento y a la alcaldía.

El TSJC concede al Ayuntamiento de Yaiza un año para redactar el proyecto de demolición parcial y un plazo máximo de dos años para ejecutar los trabajos

Noda ha defendido la actuación municipal durante el procedimiento y ha destacado que el tribunal califica de dilatorios los recursos presentados por la propiedad del establecimiento, a la que atribuye mala fe procesal y abuso de derecho.

"Lo que a priori puede parecer una mala noticia también tiene una lectura positiva, porque la Sala avala la gestión realizada por el Ayuntamiento de Yaiza", ha afirmado.

El regidor ha señalado que la Corporación municipal ha venido atendiendo los requerimientos judiciales y defendiendo la legalidad urbanística frente a las sucesivas iniciativas de la propiedad dirigidas, según su valoración, a evitar o retrasar la ejecución de la sentencia.

Noda también se ha referido a los informes presentados durante el procedimiento por la Fundación César Manrique y el Cabildo de Lanzarote, cuyas alegaciones, según ha manifestado, prácticamente le acusaban de "connivencia con el promotor".

El alcalde ha rechazado esas acusaciones y ha asegurado que el Ayuntamiento ha requerido en varias ocasiones a la propiedad y ha actuado para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales.

En este sentido, ha destacado que la Sala reconoce en su auto que es el Ayuntamiento de Yaiza el que ha presentado por primera vez una propuesta técnica que permitiría ejecutar la sentencia mediante la demolición parcial del establecimiento.

No aplazar la demolición

El auto del TSJC rechaza la suspensión del procedimiento de ejecución solicitada por Hotel Princesa Yaiza SA y establece que la expectativa de una futura regulación urbanística no constituye una causa suficiente para paralizar el cumplimiento de una sentencia firme.

Noda rechaza las acusaciones de connivencia con el promotor formuladas durante el procedimiento judicial

La resolución también recuerda que al complejo no le resultan aplicables los incentivos a la renovación y recualificación de establecimientos turísticos alojativos, conforme al criterio fijado por la misma Sala.

Noda ha señalado que la situación urbanística del establecimiento era conocida desde hace años y considera que parte del procedimiento podría haberse evitado si la propiedad hubiera asumido las consecuencias de la imposibilidad de legalizar las edificaciones afectadas.

Resto de la planta hotelera

El alcalde ha trasladado también un mensaje de tranquilidad a los trabajadores del sector turístico y a la ciudadanía, al considerar que el procedimiento judicial afecta a un establecimiento concreto y a unas edificaciones determinadas.

"Nuestra planta hotelera no corre ningún tipo de peligro", ha afirmado durante su comparecencia.

Noda ha insistido en que la obligación municipal es cumplir las sentencias judiciales y garantizar el respeto a la legalidad urbanística.

"Nuestra planta hotelera es moderna, estable y da un servicio de calidad. De hecho es uno de los primeros destinos turísticos de Lanzarote y de Canarias, pero también tenemos que ser rigurosos y cumplir con las sentencias judiciales y el cumplimiento de la legalidad urbanística", ha concluido.