La Junta de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Yaiza ha decidido asumir una sentencia firme por la que se anulaba la licencia concedida a la mercantil Pelmarbri en agosto de  2005 para construir cuatro viviendas unifamiliares en el número 9 de la calle Cilla en el pueblo de Yaiza.

En el acuerdo municipal se insta a los propietarios de las casas a que soliciten en un plazo de tres meses su legalización. La licencia se concedió por decreto de alcaldía, cuando era alcalde José Francisco Reyes, y denunció el decreto ante los tribunales una familia, afectada porque la obra invadía parte de sus terrenos. El Ayuntamiento, defendido por el abogado Felipe Fernández Camero, también figuraba como codemandado.

La familia, propietaria de un terreno colindante, pidió inicialmente una solicitud de amurallamiento de su parcela, que no se le concedió (y que facilito la invasión del terreno por los otros promotores), e incluso el Ayuntamiento llegó a alegar que esa solicitud no está registrada.

La familia también se consideró agraviada porque su terreno estaba considerado como rústico cuando en los terrenos de alrededor se permitió construir, mientras que ellos no pudieron construir y se compraron una casa en otro lugar. En la actualidad, en esa zona del pueblo, está construido todo excepto la parcela de los denunciantes.

Las casas incumplieron los parámetros urbanísticos esenciales, invadieron los viales y no respetaron las normas de retranqueo. Además, según la sentencia, la licencia se concedió sin informe técnico y con un informe jurídico no válido ya que el que firmó el entonces secretario, hoy inhabilitado por conceder otras licencias ilegales,   no valoraba si la licencia cumplía con la normativa urbanística en vigor.

Las casas incumplieron los parámetros urbanísticos, invadieron viales y no respetaron retranqueo

En el nuevo Plan General de Ordenación, la parcela que no se ha desarrollado y que respetó la legalidad, que pertenecía a la familia que denunció los hechos, tendrá que hacer una Unidad de Actuación, con los gastos que conlleva, para poder desarrollarse y construir, mientras que el resto de los terrenos colindantes, que construyeron y se les otorgaron licencias saltándose la normativa, continúan como urbanos sin ningún problema.