Cinco de 18. Ese es el resultado, por ahora, del proceso que inició el Ayuntamiento de Yaiza para legalizar los hoteles y complejos de apartamentos turísticos que siguen operando con licencias anuladas por la Justicia. La sentencias se dictaron entre 2005 y 2009, pero la mayoría siguen sin ejecutarse dos décadas después, y la anulación firme del Plan General de Yaiza de 2014 ha venido a complicar aún más el escenario.

Las primeras regularizaciones se produjeron en 2016 y en 2018, cuando obtuvieron una nueva licencia el Hotel Natura Palace, el Rubicón Palace y el Costa Calero. Desde entonces, el Ayuntamiento solo ha conseguido culminar dos expedientes más, que no habían trascendido: el del complejo de apartamentos Coloradamar, que fue legalizado el año pasado, y el Cay Beach Papagayo, en 2024. “El que sabe que puede cumplir presenta todo rápido, pero el que no, lo va alargando”, afirma el alcalde de Yaiza, Óscar Noda. “Al resto se les ha ido requiriendo y han ido presentando documentación, pero a día de hoy, no terminan de cumplir”.

Para acogerse a esa regularización, los promotores deben obtener una nueva licencia, pero el problema es que tal y como están construidos, ninguno tenía encaje en el Plan General Supletorio que se aprobó en 2014, y mucho menos en el que estaba en vigor cuando se levantaron. Por eso debían presentar un nuevo proyecto que realmente se adaptara al planeamiento, lo que en muchos casos implica reformas o derribos parciales, porque varios construyeron más incluso de lo que autorizaba la licencia declarada ilegal.

El caso más extremo es el del Son Bou, que triplicó la edificabilidad permitida. También el Papagayo Arena y el Princesa Yaiza fueron declarados “ilegalizables” con su estructura actual. En el resto, la previsión del Ayuntamiento era que podrían regularizarse con el Plan de 2014, porque requerían intervenciones menores, pero no las han llevado a cabo. Así, más de 10 años después de que se iniciara este proceso, 13 siguen operando sin licencia de construcción. “Ha habido bastantes reticencias a hacer obras, no sé si por liquidez o porque no quieren tocar su infraestructura”, apunta el alcalde. Ahora, la reciente anulación firme de ese Plan General Supletorio de Yaiza les aleja aún más de la legalización.

¿Y ahora qué?

El Plan General de 2014, entre otras cosas, aumentó la edificabilidad en los planes parciales y en algunos casos hasta la altura de las construcciones, lo que facilitaba la regularización de los establecimientos que habían construido por encima de lo permitido. Sin embargo, tras su anulación vuelve a estar en vigor el Plan de 1973, que era más restrictivo.

Los últimos fueron Coloradamar y Cay Beach Papagayo

El Ayuntamiento ya está trabajando en un nuevo Plan General y espera presentar pronto el primer borrador, pero la aprobación definitiva aún tardará al menos “tres o cuatro años”. Mientras tanto, y dado que no puede conceder nuevas licencias en base a un planeamiento anulado, los expedientes de regularización deberían actualizarse o reiniciarse, porque las exigencias ya no serían las mismas. Ahora los establecimientos deben cumplir la normativa anterior a 2014, que en realidad era la que estaba en vigor cuando se construyeron.

“Yo entiendo que deberíamos parar hasta que tengamos un planeamiento nuevo, pero la verdad es que me gustaría que me lo dijera la Sala, porque luego a quien reclaman es a mí”, afirma el alcalde, en referencia a las advertencias que ha recibido el Ayuntamiento de los Tribunales en los últimos años por el retraso en la ejecución de las sentencias.

No obstante, no todos los establecimientos están en esa fase judicial. En algunos casos nadie llegó a instar la ejecución de la sentencia, y por eso son los que menos han trascendido públicamente, y también los que menos han avanzado en el expediente de regularización abierto por el Ayuntamiento. “Cuando el Juzgado les da un toque es cuando se ponen las pilas”, precisa Noda.

Los seis primeros

Los primeros expedientes de los que informó el Ayuntamiento hace ahora una década fueron los relativos a los hoteles Costa Calero, Rubicón Palace y Natura Palace -que ya están regularizados-; y el Papagayo Arena, Princesa Yaiza y Son Bou. A estos tres últimos, el Ayuntamiento les denegó la licencia y les ordenó que presentaran un proyecto de derribo total o parcial para poder legalizar su situación.

En ese momento, el Consistorio envió sus resoluciones a las áreas de Turismo y Política Territorial del Cabildo, al Gobierno de Canarias y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, pero ninguno adoptó medidas para decretar el cierre de los establecimientos, pese a que algunos ni siquiera contaban con la licencia turística de puesta en funcionamiento y apertura. Hace tres años, el Cabildo acabó otorgando esa licencia al Princesa Yaiza; y al Papagayo Arena se la dio en 2024, pese a que ambos siguen sin legalizarse y carecen de licencia de construcción.

El hotel Son Bou, que tiene una orden de derribo total o parcial desde hace diez años, también continúa abierto. A principios de 2025, el Ayuntamiento anunció que la ejecutaría de forma subsidiaria. Incluso incluyó en los presupuestos una partida de 2,5 millones para llevarla a cabo, ante la inacción de la propiedad, pero esta respondió demandando al Consistorio. De nuevo, la empresa de Juan Francisco Rosa ganaba tiempo abriendo más pleitos. “Ahora está en manos del Tribunal, pero es el que está más cerca de una posible demolición, porque ya hay una orden del Ayuntamiento”, apunta el alcalde.

Hotel Natura Palace.

Proyectos incumplidos

Respecto al Papagayo Arena, hoy llamado Sandos Papagayo, la infracción más grave es que unió dos parcelas como si fuera una sola, construyendo un enorme bloque continuo y eliminando el camino de acceso al mar entre ambas. “Aún ni se ha entrado en edificabilidad ni en retranqueos, porque lo primero que tenía que resolver era eso”, afirma el alcalde.

“El que puede cumplir presenta todo rápido, pero el que no, lo va alargando”

La última solución que la propiedad presentó tanto a Costas como al Ayuntamiento fue realizar dos accesos alternativos a la playa, uno a cada lado del hotel, que ya fueron autorizados el año pasado y según el Consistorio se están ejecutando. Sin embargo, no será suficiente para resolver su situación, que además se ha complicado por dos factores. Por un lado, como ocurre con el resto, la anulación del Plan General de 2014. Por otro, el nuevo deslinde de Costas, fijado en 100 metros, que afecta de lleno a la construcción.

En cuanto al Princesa Yaiza, propiedad también de Juan Francisco Rosa, hace años presentó un proyecto para regularizar sus instalaciones, que llegó a ser aprobado por el Consistorio, pero luego no lo ejecutó. Según la valoración municipal, el hotel tenía 15.000 metros cuadrados más de lo permitido cuando se construyó, y ni siquiera podía legalizarse aplicando los incentivos que contemplaba el Plan de 2014, porque seguía excediéndose en cerca de 5.000 metros.

Tras varios intentos fallidos, en su último proyecto de regularización se comprometía a eliminar pasillos internos y descubrir zonas comunes que estaban techadas. El Ayuntamiento le dio entonces la licencia de obras, pero cuando los técnicos fueron a comprobar lo que había ejecutado, descubrieron que no había hecho “ni una cuarta parte” de lo anunciado. “No hizo nada, por lo que se le volvió a decir que no se podía regularizar”, explica el alcalde. “Si hubiese cumplido ya podía haberlo tenido regularizado, pero ahora al caer el Plan de 2014, a ver qué pasa, porque todos los estudios y los requerimientos se hicieron en base a ese planeamiento”.

En la misma situación se encuentran los otros 10 hoteles que siguen sin regularizarse. Algunos, como el Hotel Río Playa Blanca, el Dream Gran Castillo o el Hotel LIVVO Volcán Lanzarote, deberían afrontar cambios de mayor envergadura para legalizar su situación, mientras que en otros se les reclamaban intervenciones de menor calado. Pero para todos, aplicando el Plan de 1973 que ahora está en vigor, esas exigencias se endurecerían.

El futuro Plan General

La cuestión ahora es si los Tribunales permitirán dejar en suspenso durante más años la ejecución de las sentencias, o si exigirán que el proceso se culmine sin esperar a que se apruebe un nuevo Plan General. El primer escenario sería más favorable para los promotores, ya que en el futuro PGOU, la intención del Ayuntamiento es mantener la misma línea que marcó el de 2014.

“Como mínimo será lo que había. Y si según los criterios técnicos ha habido cosas que se nos han complicado, las podríamos revisar, pero desde luego no se trata de hacer un plan para que todo encaje, tampoco va a ser así”, afirma el alcalde. No obstante, considera que es “de sentido común intentar todas las vías que marque la ley y que marque el planeamiento para poder regularizarlos”.

“Si tienen que tirar una parte o si tienen que cumplir cualquier detalle, que lo hagan, pero por lo menos explotar todas esas opciones”. Lo contrario, los posibles derribos totales, cree que podrían derivar en reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento. Y es que aunque las licencias otorgadas en su día por José Francisco Reyes fueron declaradas ilegales, y el alcalde condenado por prevaricación y cohecho, los promotores podrían alegar que contaban con ese permiso, aunque en muchos casos ni siquiera se ajustaron a él.