El catedrático Francisco Villar Rojas, uno de los redactores de la Ley del Suelo que impulsa el Gobierno de Canarias, defendió este lunes por la tarde en una charla en Tinajo uno de los aspectos que más debate ha generado sobre la nueva normativa: que los ayuntamientos asuman competencias plenas en la tramitación de su planeamiento.

Hasta ahora, la tramitación de un nuevo Plan General por parte de un ayuntamiento implicaba que el Gobierno de Canarias asumía el documento y procedía a la aprobación definitiva del mismo, con el control de legalidad previo que efectúa la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

La Ley del Suelo apuesta por un modelo distinto, con una única fase de tramitación, en manos de la corporación local. Villar defendió que de este modo “es posible agilizar” la elaboración de planeamiento, que ahora se extiende “entre nueve y 12 años”, y añadió que se le da “a cada administración capacidad para resolver en el ámbito de sus competencias”.

El jurista sostuvo que “los municipios se ocupan de cosas igual de importantes” que el planeamiento urbanístico “sin consultar a la comunidad autónoma”, como la aprobación de “presupuestos, de ordenanzas fiscales” con las que “nos crujen” con tributos como el Impuesto de bienes inmuebles, o como “cuando hacen concursos” para adjudicar concesiones como la recogida de residuos. Para esto, dijo, “no preguntan a ninguna Cotmac ni se consulta a la comunidad autónoma”.

No obstante, Villar insistió en que la Ley del Suelo contempla un informe de legalidad por parte del Gobierno de Canarias, de manera similar a los que emite el Gobierno estatal, y añadió que el dictamen de la comunidad autónoma “no es el único control”, sino que hay informes desde el inicio de la tramitación de cualquier plan. Cuestionado por que no se paralice un procedimiento si los informes preceptivos de las administraciones no llegan en plazo, defendió que está así previsto en la legislación estatal y que, de esta forma, se evita “el bloqueo por el bloqueo”.

Las Directrices, "despotismo ilustrado"

El catedrático fue especialmente crítico con el modelo de legislación territorial y urbanística que hay en la actualidad en Canarias, empezando por las Directrices de Ordenación General aprobadas en 2003, que calificó de “ejercicio de despotismo ilustrado”, con gran cantidad de recomendaciones y previsiones que no se han desarrollado y que, a su juicio, generan confusión.

“Muchos problemas” del “modelo teórico ideal” en materia de territorio, elaborado desde un “despacho de cristal”, dijo Villar, se deben a la obligación de los planes a adaptarse continuamente al planeamiento jerárquicamente superior cada vez que se modifique. “Nadie sabe nunca si está adaptado”.

También aseguró que la nueva Ley del Suelo pretende delimitar las “fronteras difusas” que hay entre el planeamiento insular y el municipal, lo que genera “conflictos” entre instituciones. Por ello, explicó Villar, el contenido de los planes insulares se “reconduce” a sus funciones obligatorias, como la ordenación de los recursos naturales, la zonificación y las infraestructuras estratégicas, pero “se elimina el contenido facultativo” o voluntario, como el “urbanístico y el socio económico”.

Superar la “rigidez” de los planes

El redactor de la Ley del Suelo indicó que “uno de los problemas” del actual marco normativo es la “rigidez” que tienen los planes para “adaptarse a oportunidades”, tanto inversiones públicas como privadas, que se superaría con la declaración de un proyecto de interés insular o autonómico, o la aprobación de ordenanzas provisionales insulares o municipales.

Villar señaló que al elaborar la nueva legislación había “dos alternativas”, o “negar la realidad de las situaciones excepcionales” o introducir “cautelas y garantías” a la “decisión discrecional” que tomen las administraciones. El catedrático insistió en que a día de hoy ya se recogen “vías de escape” para sacar adelante proyectos no contemplados, como la suspensión del planeamiento o los planes de modernización.

“Nadie entiende” la norma sobre suelo rústico

Con respecto al régimen del suelo rústico, “el primer problema es que nadie entiende lo que dice la ley”, aseguró Villar, que defendió la regulación de usos “complementarios” en el campo para “generar renta”. También recalcó la necesidad de clarificar el “criterio” de los asentamientos rurales.

En cuanto a los espacios naturales, aseguró que la Ley del Suelo “no va a abrir la mano para que quepa cualquier cosa” y, sobre el caso específico de las bodegas en un espacio protegidos como La Geria, la nueva ley “ni da ni quita”. “Serán los valores del espacio los que marcarán la ordenación”, apostilló.

Más detalles

ASISTENCIA. Al acto, del que fue anfitrión el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, como representante de la Federación canaria de municipios (Fecam), asistió el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y el alcalde de Tías, José Francisco Hernández, así como ediles de otros ayuntamientos como el de Teguise.

PSOE. Al Teatro de Tinajo acudieron varias concejalas socialistas de Arrecife, como Victoria Sande, Inodelvia Torres o Jimena Álvarez, o Alexis Tejera, concejal socialista de San Bartolomé.  El PSOE de Lanzarote organizó días atrás una charla con Faustino García Márquez, uno de los principales opositores a la Ley del Suelo.

AUSENCIAS. A la conferencia, un acto de la Fecam, no acudió la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, que se ha manifestado en contra de la ley, ni la alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, que a su vez es presidenta del grupo parlamentario socialista. Marci Acuña (Haría) tenía pleno a la misma hora.