Ventorrilleros que participan en los Carnavales de Arrecife 2026 han denunciado públicamente la falta de planificación, seguridad y recursos básicos por parte del Ayuntamiento, al que acusan de haber gestionado de forma “injusta y perjudicial” el procedimiento para instalar los puestos durante las fiestas.

En un comunicado, detallan que las bases publicadas por el consistorio exigían el uso exclusivo de casetas de madera de 6x2 metros, prohibiendo expresamente las metálicas. Sin embargo, indican que no se comprobó previamente si existía en la Isla disponibilidad real de las 26 casetas requeridas.

El sorteo de adjudicación se celebró el 2 de febrero y se comunicó que las casetas debían estar instaladas al día siguiente, advirtiendo que el puesto pasaría a suplentes en caso de incumplimiento.

Según los ventorrilleros, nunca se publicó la lista de espera anunciada, y el margen para cumplir con los requisitos fue “inviable” en una isla con escasa oferta logística de este tipo de infraestructuras.

Pese a estas dificultades, muchos adjudicatarios realizaron un esfuerzo económico y logístico considerable para cumplir con las condiciones, logrando que algunas casetas llegaran a última hora.

Según explican, el resultado final ha sido de “total disparidad”, con puestos de distintos tamaños, estilos, materiales sin homologación e incluso casetas metálicas recubiertas de madera, pese a la prohibición expresa en las bases.

Los ventorrilleros denuncian además la falta de medidas de seguridad durante el montaje. Aseguran que no se facilitó el corte de calles ni se adoptaron medidas para el acceso de camiones y mercancías pesadas, lo que obligó a realizar la carga en vías con tráfico activo y presencia turística, con riesgo para trabajadores y viandantes.

También critican la ausencia de agua y luz eléctrica durante el montaje y horas previas, señalando que el suministro solo se activa durante los actos oficiales. A su juicio, esta decisión pone en riesgo la conservación de alimentos y dificulta el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias mínimas.

A pesar de estas carencias, los ventorrilleros afirman haber tenido que abonar tasas municipales, pagos a la Agencia Tributaria y afrontar una inversión media de 1.500 euros por puesto, además del gasto en mercancía, personal y estructura.

“La sensación general es de profunda indignación”, concluye el comunicado, en el que reclaman visibilidad para lo ocurrido y exigen que en futuras ediciones se actúe con planificación, coherencia y respeto hacia quienes, afirman, “sostienen estas fiestas con su trabajo y su dinero”.