Los vecinos afectados por la falta de materialización de la cesión de 70 viviendas en el barrio de Valterra han solicitado al Cabildo de Lanzarote que proceda “de una vez por todas” a la entrega de los inmuebles a sus legítimos propietarios, según un comunicado difundido este miércoles.

La donación fue autorizada por la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación edificatoria, que facultaba al Instituto Social de la Marina (ISM), con el visto bueno de la Tesorería General de la Seguridad Social, a transferir gratuitamente determinados bienes inmuebles al Cabildo insular.

Según los vecinos, el Consejo de Gobierno Insular aprobó la conformidad con dicha cesión en sesión extraordinaria el 9 de septiembre de 2022. El acta fue ratificada en el pleno del Cabildo el 24 de octubre de ese mismo año. El 23 de marzo de 2023 se autorizó a la presidenta del Cabildo para aceptar la donación ante notario en Madrid.

La documentación notarial, según el comunicado vecinal, fue recibida en Lanzarote el 26 de junio de 2023, el mismo día de la toma de posesión del actual presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort. Ese mismo día, a las 16:43 horas, llegó la valija con las escrituras, enviada por el despacho notarial. La inscripción en el Registro de la Propiedad de Arrecife se realizó el 5 de octubre de 2023.

Según los vecinos, la documentación notarial llegó el mismo día del relevo en la presidencia del Cabildo

Los vecinos señalan que, en un pleno celebrado el 23 de febrero de 2024, el consejero del grupo de gobierno Miguel Ángel Jiménez afirmó que “había un secuestro de la documentación”, y que esta habría estado únicamente en manos del anterior secretario, el exdirector de área y su asesor, sin que tuvieran conocimiento los departamentos jurídico ni de vivienda.

No obstante, añaden los vecinos, la documentación oficial indica que las escrituras fueron remitidas desde Madrid y registradas el mismo día del relevo en la presidencia insular.

Finalizan reclamando que se entreguen las viviendas a quienes consideran sus legítimos beneficiarios: los antiguos trabajadores de las conserveras o sus herederos.