La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ha dado este lunes su visto bueno a la memoria ambiental del nuevo Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL), aunque con diversas objeciones.

Así, antes de que el Cabildo saque para adelante el documento del PIOL –quedan las aprobaciones inicial, provisional y definitiva- se deberán llevar a cabo una serie de modificaciones, que este lunes han puesto de relieve técnicos de la Consejería de Política Territorial.

Los aspectos más “complejos”, que ya generaron un “mayor debate” en la ponencia técnica de la Cotmac, la semana pasada, tienen que ver con que “se han detectado afecciones a la Red Natura 2000”, un catálogo de espacios protegidos por la Unión Europea.

Así, técnicos de la Consejería pusieron como ejemplo “la necesidad de reconsiderar o justificar” un área de actividad de extracción de jable en la zona conocida como Las Melianas, en el término municipal de Teguise, que afecta a una zona de especial protección de aves.

Desde la Consejería de Política Territorial también se destacó que “existen posibles incompatibilidades” entre la “prohibición de alterar” determinados hábitats de interés comunitario y la posibilidad que ofrece el Plan Insular, en una “redacción confusa”, a llevar a cabo ciertas iniciativas.

En la sesión de la Cotmac también se destacó que se debe actualizar el informe de sostenibilidad ambiental y solucionar “los condicionantes” de la Consejería “antes de la aprobación definitiva” del planeamiento.

Clarificar la capacidad de carga

Técnicos de la Consejería de Política Territorial insistieron en que se aporte, por parte del equipo redactor del Plan Insular, encabezado por el urbanista José María Ezquiaga, un estudio sobre la capacidad de carga que tiene Lanzarote de nueva oferta residencial.

Estudio económico y financiero

Otro de los aspectos que debe completar el nuevo Plan Insular es un análisis sobre los “efectos” de la nueva ordenación sobre el planeamiento vigente y “posibles indemnizaciones” si se llevan a cabo “alteraciones” en la ordenación territorial. El documento debe contener un estudio económico y financiero antes de la aprobación inicial.