La formación insular estima que, a medio plazo y con un plan de inversiones adecuado para reducir pérdidas, el recibo podría estabilizarse e incluso reducirse progresivamente

Unidos por Lanzarote propone recuperar la gestión pública del agua para garantizar el futuro de la Isla
La formación insular estima que, a medio plazo y con un plan de inversiones adecuado para reducir pérdidas, el recibo podría estabilizarse e incluso reducirse progresivamente
“Ante los últimos y preocupantes acontecimientosvividos en la isla de Lanzarote en torno a la gestión del agua”, el portavoz de Unidos por Lanzarote (UPL), Laureano Álvarez, considera “imprescindible abrir un proceso serio y riguroso para recuperar la gestión pública del ciclo integral del agua en la isla, y más teniendo en cuenta la situación estructural que sufre la citada gestión desde hace años como son las pérdidas de agua elevadas en la red, infraestructuras envejecidas, cortes de suministro y un coste creciente para familias y sectores económicos”.
La formación insular recuerda que “el agua no es un servicio cualquiera, sino una infraestructura crítica para la salud pública, la economía turística y el desarrollo sostenible de la Isla”. Por todo ello, entiende que “su gestión debe estar orientada, exclusivamente, al interés general y no condicionada por objetivos de rentabilidad empresarial ni centrada en experimentos ni intereses políticos de los de siempre”.
Unidos por Lanzarote recuerda que, actualmente, el servicio se presta bajo el modelo concesional con Canal Gestión Lanzarote, en el marco del Consorcio del Agua de Lanzarote. UPL considera que la experiencia acumulada en los últimos años demuestra que “este modelo no ha resuelto los problemas estructurales” de la Isla y que ha llegado el momento de evaluar alternativas con visión de futuro.
“Lanzarote no puede ni debe perder de vista que son numerosas las experiencias internacionales que avalan el cambio. La recuperación pública de servicios de agua no es una excepción es, además, una tendencia global. Desde el año 2000 se han producido más de trescientos procesos de remunicipalización del servicio en el mundo. Sirven de ejemplo casos relevantes como el de París que en el año 2010 creó la empresa pública Eau de Paris tras finalizar contratos privados, logrando reducción de tarifas, aumento de inversiones y mayor transparencia”, apunta Laureano Álvarez.
Otro ejemplo que expone es el de Berlín, donde un referéndum ciudadano permitió recuperar el control público del agua y eliminar cláusulas que garantizaban beneficios empresariales. También Valladolid, con la empresa pública Aquavall, que ha mantenido tarifas estables y reforzado programas sociales. En Terrassa, Cataluña, se creó Taigua con mecanismos de participación ciudadana y control transparente. Todos estos ejemplos muestran que, con gestión profesional y planificación, lo público puede ser eficiente, sostenible y beneficioso para la ciudadanía.
A esta retahíla de argumentos podemos sumar las razones económicas y estratégicas para Lanzarote. Unidos por Lanzarote subraya que, en territorios insulares con dependencia de la desalación, como es el caso de Lanzarote, el agua siempre tendrá un coste elevado debido al consumo energético y a la complejidad de las infraestructuras. Sin embargo, el modelo de gestión determina dónde termina el dinero que pagan los ciudadanos. Entre las ventajas de una gestión pública destacan la reinversión íntegra de los ingresos en la propia isla, los menores costes financieros a largo plazo, la mayor capacidad para aplicar tarifas sociales, la planificación estratégica sin límites temporales de concesión, además de la coordinación con políticas energéticas y de sostenibilidad.
La formación insular estima que, a medio plazo y con un plan de inversiones adecuado para reducir pérdidas, el recibo podría estabilizarse e incluso reducirse progresivamente.
“Todo lo planteado es un proceso que debe hacerse con rigor”. UPL insiste en que “recuperar la gestión pública no significa improvisación, sino planificación” y, por ello propone una auditoría técnica, económica y jurídica independiente; la evaluación del coste real de transición; la creación de una empresa pública profesionalizada y transparente; un plan de inversiones a largo plazo para modernizar la red y reducir fugas y, por último, garantías de continuidad laboral para los trabajadores.
“La ciudadanía no espera discursos, espera soluciones. Gobernar significa tomar decisiones difíciles cuando son necesarias para el interés general”, señalan desde UPL.
















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