Agueri, una de las principales promotoras del plan parcial Playa Blanca, ha presentado concurso de acreedores voluntario ante el Juzgado de lo mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. La promotora de Federico Díaz de Aguilar solicitó este concurso a principios del mes de octubre, sólo unos días después de que el Juzgado de primera instancia número 5 de Arrecife la condenara, junto a otras dos promotoras, a devolver casi diez millones de euros a compradores de viviendas en ese plan parcial.

Como se trata de un concurso voluntario, se nombra a un administrador concursal pero el anterior administrador conserva las facultades de administración y disposición de su patrimonio. El Juzgado ha solicitado que se anote la declaración de concurso en el Registro de la propiedad en doce bienes inmuebles que pertenecen a la inmobiliaria, que tiene su sede social en Las Palmas, aunque tenía abierta oficina en Playa Blanca. Cuatro de esas fincas son del Registro de Tías, cuatro de Las Palmas y cuatro más de Santa María de Guía.

Agueri fue una de las grandes promotoras de ese plan parcial junto a otras sociedades como Alabena, de José Antonio Olano, o Palmera canaria, del empresario Domingo Rodríguez Cedrés, suegro de Díaz de Aguilar. No sólo fue una de las grandes vendedoras sino que el hermano de Federico, el abogado Ignacio Díaz de Aguilar, ejerció como asesor legal de la Junta de compensación del plan parcial.

Tanto Agueri o Rodríguez Cedrés eran propietarias de fincas desde los orígenes de la constitución y funcionamiento de la Junta de Compensación, a finales de los años ochenta. En una demanda que se sigue por la vía penal en el Juzgado número 4 de Arrecife se señalaba que estas sociedades “conocían al detalle todas las cuestiones relativas a la gestión y ejecución de la urbanización, y que también habían participado en la promoción de otros planes parciales, como Las Coloradas, y que siguieron en esta ocasión la misma estrategia jurídica, de hechos consumados, que se había seguido antes en aquel plan”.

En ese procedimiento están encausados, acusados de estafa, Domingo Rodríguez Cedrés, su hijo Gustavo Rodríguez, su yerno Federico Díaz de Aguilar, José Antonio Olano y Manuel Enrique Lago. En esa demanda se apuntaba como una de las figuras centrales de este proceder al abogado Ignacio Díaz de Aguilar, que es el letrado de los promotores del plan parcial desde 2002 y el autor de un informe de 2004, en el que se apoyó el Ayuntamiento de Yaiza para iniciar la urbanización en contra de las numerosas advertencias de ilegalidad.

El bufete Díaz de Aguilar, que ha asesorado en la redacción de varias leyes al Gobierno de Canarias, está vinculado con la empresa Ledesdorfe, que acusó al Cabildo de Lanzarote de arbitrariedad en su política urbanística y denunció más de 300 licencias en Playa Blanca.

La empresa Agueri, de Federico Díaz de Aguilar, fue condenada en septiembre, junto a otras dos sociedades, a devolver casi diez millones de euros a los compradores de las casas, con licencias anuladas

El plan parcial Playa Blanca fue extinguido por la entrada en vigor de la Ley de medidas urgentes de 2001 pero se siguió tramitando, se siguieron concediendo licencias y se construyeron 400 casas. Después se anularon tanto las licencias como el plan, aunque en 2014, con la entrada en vigor del nuevo Plan General, se negoció otro convenio para legalizar las casas.

Sin embargo, muchos compradores optaron por reclamar el dinero de las viviendas, y ya ha habido varios casos en los que les han dado la razón, hablando incluso de “mala fe” en la venta. En la última sentencia, del pasado mes de septiembre, el Juzgado considera que los vendedores no advirtieron a los compradores de que los procedimientos contra las licencias ya estaban en marcha cuando se firmaron los contratos de compraventa. Además la sentencia dice que “el objeto entregado no cumple las expectativas de los compradores” porque se promocionaba como una urbanización de lujo con todo tipo de servicios pero que no está ni siquiera terminada. Las casas costaron entre 225.000 y 292.000 euros y se vendieron a compradores del País Vasco como segunda residencia cuando el Cabildo de Lanzarote ya había interpuesto varios recursos contencioso administrativos contra las licencias concedidas por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes.

En ese juicio declaró como testigo la ex presidenta del Cabildo, Manuela Armas, que aseguró que el plan estaba anulado y las viviendas “no tenían razón de ser”. Relató una reunión con Ignacio y Federico Díaz de Aguilar y Manuel Lago y señaló que sabían que no tenían licencia pero que manifestaron que había que esperar a ver qué decidían los tribunales, mientras las casas se seguían construyendo y vendiendo.