La auditoría de gestión sobre el Ayuntamiento de Arrecife que lleva a cabo la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias para acceder al fondo canario de financiación municipal confirma que la “presión fiscal” ejercida por el Consistorio capitalino sobre cada habitante ascendió en el último año a 561 euros, “superior a la del ejercicio anterior y por encima de la media de Canarias, que fue de 439 euros”.

Este afán recaudatorio del Ayuntamiento, gobernado por CC y PSOE, unido a otros ingresos de la institución, como transferencias de otras administraciones, conllevaron que la Corporación municipal dispusiera de 857 euros por habitante. En cambio, destaca la auditoría, los gastos corrientes por residente fueron de 665 euros, por debajo de los 798 euros del ejercicio anterior y también “por debajo de la media de los municipios canarios de similares características, que se situó en 692 euros.

Es decir, la auditoría revela que el Ayuntamiento capitalino recauda más por habitante que la media de los municipios de la comunidad autónoma pero gasta menos en servicios e inversiones que el resto de corporaciones locales del Archipiélago. De hecho, el “esfuerzo fiscal” alcanzó el 97,9 por ciento en Arrecife, superior al 78 por ciento de la media de los ayuntamientos canarios, y muy por encima del 69,6 por ciento en que se sitúa el nivel de referencia establecido por la comunidad autónoma para los municipios.

Otro dato revelador: los ingresos a través de tributos representan en el último año el 65,5 por ciento de los ingresos corrientes del Ayuntamiento. De los bolsillos de vecinos y empresas afincados en la capital –que perdió un millar de habitantes- salieron 31,5 millones de euros, con un incremento de casi el 5 por ciento con respecto al año anterior.

"El que experimenta un mayor incremento", el IBI, con 1,2 millones más

Así, se dispararon impuestos indirectos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que fue “el que experimenta un mayor incremento”, cuantificado en 1,2 millones de euros. En cambio, otros tributos relacionados con la salud económica de los residentes en la ciudad sufrieron un claro retroceso: el impuesto sobre actividades económicas disminuyó casi 100.000 euros, mientras que el impuesto sobre vehículos se redujo en cerca de 60.000 euros.

Por otro lado, la deuda con los bancos escaló desde los 25,4 hasta los 36,9 millones de euros, fruto de una nueva operación de crédito de 15,3 millones de euros para hacer frente al pago con acreedores del Ayuntamiento.