Un informe técnico fechado el 17 de julio de 2019 advirtió de la existencia de defectos estructurales graves en el Hospital Insular que impedían “garantizar la seguridad de sus ocupantes”, según recoge el documento elaborado por el Jefe de Servicio de Ingeniería, Mantenimiento y Obras y dirigido a la Subdirección de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote.

El informe, emitido tras la integración del centro en el Servicio Canario de la Salud, tenía por objeto “comunicar el estado actual de las infraestructuras asociadas al recinto denominado Hospital Insular”.

El documento señala que la edificación inicial data de 1950 y describe varios inmuebles dentro del recinto, entre ellos el edificio principal —con áreas asistenciales de geriatría, hospitalización y servicios generales—, un edificio de servicios con instalaciones técnicas, un edificio residencial sociosanitario y un tanatorio.

Entre las principales advertencias, el informe destaca que “no hay constancia documental de los expedientes iniciales asociadas al edificio y sus instalaciones, como tampoco hay constancia de la legalización de las actuaciones o reformas posteriores al proyecto inicial”.

Añade que abordar su legalización total “supondría la redacción de un proyecto de reforma integral adaptado a la normativa técnica actual, y la ejecución con carácter urgente de numerosas actuaciones sobre todos los edificios e instalaciones”.

Asimismo, indica que “no hay constancia documental de las operaciones de mantenimiento realizadas en los últimos cinco años para casi ninguna de las instalaciones enumeradas”.

El jefe de Ingeniería comunicó en julio de 2019 que el inmueble presentaba deficiencias estructurales, problemas de salubridad y carencias en mantenimiento en instalaciones críticas

En el apartado estructural, el informe es explícito: “A nivel estructural el edificio presenta defectos graves que impiden que podamos garantizar la seguridad de sus ocupantes”.

Precisa que estos defectos afectan a “elementos de cimentación, pilares y vigas, entre otros” y que entre los más numerosos figura “la corrosión estructural que afecta a varias zonas del edificio”.

El documento señala que sería necesario “un análisis en profundidad, con ensayos estructurales” para determinar con exactitud la gravedad de la situación.

Estado de una de las columnas en el sótano.

Inspección “desfavorable”

Las inspecciones técnicas encargadas tras la integración reflejan resultados condicionados “con defectos graves” en la instalación eléctrica en baja tensión, en la instalación de protección contra incendios y en la instalación térmica, así como un resultado “desfavorable con defectos graves” en la Inspección Técnica de Edificio.

En el apartado estructural, el informe es explícito: “A nivel estructural el edificio presenta defectos graves que impiden que podamos garantizar la seguridad de sus ocupantes”

En materia de seguridad contra incendios, el informe advierte de que “el sistema de detección, comunicación y alarma de incendios está completamente fuera de servicio” y subraya que se trata de “una instalación de seguridad vital en cualquier edificio, pero aún más en un edificio con asistencia geriátrica que da servicios a pacientes de movilidad reducida”.

También señala que existen zonas sin bocas de incendio equipadas o sin extintores accesibles y que “tampoco están operativos los sistemas de extinción por CO2 de cocina y zonas industriales”.

El documento añade que “no es posible valorar el estado de las protecciones pasivas de contra incendios ni de sectorización del edificio” y que “no hay constancia tampoco de revisión de la señalización de seguridad y evacuación”.

Vista de una viga en el sótano.

Conservación “deficiente”

En cuanto al estado de conservación, recoge que es “deficiente” en fachadas, carpinterías y cubiertas, con “gran cantidad de humedades, fisuras en paramentos, tejas cerámicas y otros materiales desprendidos con riesgo inminente de caída sobre zonas de tránsito”.

El informe también detalla graves deficiencias de accesibilidad, como “la imposibilidad de acceso de las camas a las propias habitaciones de pacientes, o de los propios pacientes (PMR) a los aseos de sus propias habitaciones”, además de riesgos de caídas por deterioro de pavimentos y rampas con pendientes excesivas.

En el ámbito de la salubridad, advierte de que “gran parte de los baños y aseos de habitaciones carece de agua corriente” debido a averías en una instalación de fontanería obsoleta cuya solución “pasa por la sustitución total de la instalación”.

Respecto a la red de gases medicinales, el documento indica que “no hay constancia de plan de mantenimiento alguno, ni de analíticas de puntos de consumo de gases medicinales que garanticen la calidad de los mismos para su consumo”.

También recoge la ausencia del certificado de eficiencia energética obligatorio para edificios de uso público y la falta de comunicación de memoria específica de actividad potencialmente contaminante de la atmósfera.

En relación con el equipamiento asistencial, señala que “no hay constancia de plan de mantenimiento del mismo” y que se han detectado “algunas reparaciones ciertamente artesanales que comprometen el marcado CE de los equipos, por lo que no podemos garantizar su uso sobre pacientes en condiciones de seguridad”, además de no disponer de un inventario real del equipamiento del centro.