El abogado y empresario Ignacio Díaz de Aguilar firmó hace más de un año la compra de las dos parcelas donde se encuentra la promoción de 68 viviendas -34 de ellas construidas, la mayoría ocupadas y pendientes de un desahucio masivo- en el plan parcial Playa Blanca. De la parte fija de la operación, que ascendió a 4,3 millones de euros, un total de 500.000 euros tenían letra pequeña.

Una empresa de la que Díaz de Aguilar es administrador único, Explotaciones e Inversiones Adara, que según el propio abogado “está conformada por accionistas canario y holandeses como socios”, compró la promoción inmobiliaria a la empresa Playa Blanca Plots, cuyo administrador único es James Walsh Cornelius.

En concreto, la adquisición fue de una parcela de 17.824 metros cuadrados, con una edificabilidad de 5.700 metros cuadrados, en una parcela de la calle Cyca, en el antiguo plan parcial Playa Blanca.

Se da la circunstancia de que Díaz de Aguilar fue letrado de los promotores del plan parcial y autor de un informe en el que se apoyó el Ayuntamiento de Yaiza, entonces presidido por José Francisco Reyes, para dar vía libre a la urbanización, hace dos décadas, en contra de numerosas advertencias de ilegalidad.

El 22 de diciembre de 2022, en una notaría de Las Palmas de Gran Canaria, se formalizó la escritura de compraventa de la urbanización en la que, según los informes municipales, vive casi un centenar de personas.

El precio de la venta ascendió a una cantidad fija de 4,3 millones de euros: más de 3,4 millones de euros a pagar a los seis días del otorgamiento de la escritura y 350.000 euros mediante la compensación de un crédito que la empresa vendedora adeudaba al propio Díaz de Aguilar, además de a su compañero de despacho David Julio Sánchez Lanuza y a Frederik Petrus Tromp.

El otro medio millón de euros que está claro en la operación de compraventa quedaba “retenido” por la empresa de Díaz de Aguilar “hasta el momento en que se produzca el completo desalojo de las personas que ocupan ilegalmente la parcela”.

Ocupación conocida

La ocupación de las viviendas que quedaron sin terminar desde 2006, cuando se paralizaron las obras, según un “informe de peligros y posibles accidentes” presentado en el Juzgado, era conocida. De hecho, en la escritura se indica que la finca “se encuentra libre de arrendatarios, pero existe un número indeterminado de personas que han ocupado ilegalmente varias viviendas en construcción”.

“Esta situación ha sido denunciada, tramitándose actualmente unas diligencias para su desalojo en el Juzgado número dos de Lanzarote”, se añade en la citada escritura notarial de finales de 2022.

Sin embargo, el procedimiento por delitos leves en el que se ha acordado el desalojo para este martes, como medida cautelar, sin que haya fecha para la vista del caso, se ha dictado por el Juzgado de Instrucción número cuatro, después de una denuncia admitida a trámite en julio de 2023.

Ignacio Díaz de Aguilar fue asesor del antiguo plan parcial Playa Blanca. Foto: DIARIO DE LANZAROTE.

Operación millonaria

La promotora representada por Díaz de Aguilar señala que “tiene intención de terminar la construcción de la parcela y vender las viviendas que se construyan en ella”. Si las mismas se venden por más de 16,5 millones de euros, el dinero de más sería repartido con la empresa que vendió (Playa Blanca Plots) por partes iguales.

“El importe variable del precio está limitado hasta un máximo de 1,7 millones de euros”, se apostilla en la escritura de compraventa. Es decir, si la empresa de Díaz de Aguilar vende las viviendas por más de 19,9 millones de euros, “el excedente” se lo quedaría la promotora, “sin que tenga que repartirlo”.

Eso sí, si la compañía representada por Díaz de Aguilar, “una vez finalizada la construcción, decidiera no vender las viviendas, total o parcialmente, deberá abonar la totalidad del precio variable que podría percibir la vendedora”, la mercantil Playa Blanca Plots, es decir, los 1,7 millones de euros.

Venta, alquiler y segunda residencia

En la denuncia presentada por el abogado y empresario a finales de junio del año pasado, que ha derivado en la causa abierta por un delito de usurpación pacífica de inmueble, se menciona que “el objetivo de la compra de la parcela es terminar con las obras de construcción [de las viviendas] y destinarlas próximamente a la venta y a arrendamiento”.

“Algunas de las mismas también se convertirán en segunda residencia vacacional para algunos de los inversores que así lo han pactado”, concluía.