El Partido Popular ha sido el único partido político presente en el Cabildo de Lanzarote que se opuso a que la primera Corporación insular inste al Gobierno estatal a que el aeropuerto de Lanzarote y el resto de aeropuertos canarios queden exentos del proceso de privatización iniciado por Aena.

El grupo de gobierno -integrado por Coalición Canaria y PSOE-, el PIL y Alternativa Ciudadana elevaron este lunes conjuntamente al pleno de la Corporación una propuesta de acuerdo en ese sentido, que contó con el voto en contra exclusivamente del PP.

Además de mostrar el rechazo del Cabildo de Lanzarote a la privatización de los aeropuertos de las islas “por las nefastas consecuencias que tendría para el empleo y la economía de Lanzarote y de Canarias en general”, en la citada propuesta se solicita al Gobierno de España “que se establezca un sistema aeroportuario canario diferenciado e integrado”.

Un sistema “en el que participen en la planificación y programación el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos en los que se localicen los aeropuertos, dado que estas instalaciones están clasificadas en Canarias como de interés general y tienen un régimen especial de gestión motivado por el carácter archipielágico y de región ultraperiférica”.

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, aseguró que “la privatización de los aeropuertos es más preocupante incluso que la cuestión de las prospecciones petrolíferas, porque el Partido Popular no sólo pretende en este caso privatizar un sector estratégico para Canarias, sino que además algunos hagan negocio con los beneficios que genera lo público”.

San Ginés también advirtió que “no se puede permitir bajo ningún concepto que no exista un trato diferenciado por parte del Estado español a los aeropuertos canarios o de las Baleares”. Además, expresó que la defensa de la privatización de los aeropuertos canarios es “otro de los asuntos estratégicos de Lanzarote en los que el PP se va a quedar solo”.

Así, aludió al contenido del acuerdo en el que consta que de no cumplirse lo instado, se inicien los trámites “para hacer efectivo el derecho de los ayuntamientos, cabildos y comunidad autónoma de Canarias, recogido en el Estatuto de Autonomía, sobre la cesión de la competencia en puertos y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa”.

El acuerdo plenario de rechazo al proceso de privatización de los aeropuertos canarios iniciado por AENA será trasladado al Gobierno de Canarias, a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento autonómico, al Ministerio de Fomento, Senado, Congreso de los Diputados y a todos sus grupos parlamentarios, así como a todos los ayuntamientos y cabildos de Canarias, para que se sumen a este acuerdo.