“Estoy pasando uno de los peores momentos de mi vida. Estoy asustada y con mucho miedo por algo que nos va a pasar a mi hijo y a mí”. Cati Villalonga no sabía qué hacer el jueves por la noche, horas antes de que la echaran de su casa, y se puso a escribir.

El peor escenario se cumplió. Cerca de las doce del mediodía del viernes abandonaba su casa, en el segundo piso del número 6 de la calle Calvo Sotelo, obligada por la Policía Nacional y una comisión judicial, avalada por la orden de desahucio firmada por la juez de Arrecife Aurora Vela Morales.

No sirvió parta evitar el desalojo ni el apoyo y la resistencia pacífica de unas 50 personas, miembros de la Plataforma de Afectados por al Hipoteca (PAH), vecinos y simpatizantes. Dos decenas de agentes de la Policía Nacional ejecutaron la orden de desahucio, retirando con muy malos modos, una a una, a las personas que se habían atrincherado en la puerta del portal desde primera hora de la mañana.

Cati no opuso ninguna resistencia y salió de su casa con una bolsa, con varias mudas y un bolso. “Me da igual”, dijo nada más salir, preguntada por el hecho de que ni siquiera le habían dado un plazo para retirar sus pertenencias. “Mi futuro es tan incierto como que no tengo futuro. ¿Dónde voy a ir? O alguien me ofrece una habitación o dormiré en la calle. Me siento en contra de este sistema, de los jueces, los políticos y los bancos. No tienen por qué tratarme como basura”.

Ha pagado ya 120.000 euros al banco

Cati vive con su hijo, de 17 años, pero quiso que no estuviera presente durante el desalojo. Esta menorquina, que lleva más de tres décadas en Lanzarote, regenta el bar ‘El Puente’ en Los Geranios. Compró su casa, de tres habitaciones y menos de noventa metros cuadrados en 1998, una casa de protección oficial que tiene más de 45 años, ya liberalizada.

El Banco Santander le dio un préstamo por 6.850.000 pesetas (unos 40.000 euros). Hasta 2005 pagaba unos 400 euros al mes. Después, rehipotecó la casa porque necesitaba dinero y la cuota subió hasta mil. Pagó hasta hace tres años y no pudo seguir pagando. El bar iba mal y ahora, después de que cerraran el puente por las obras de la circunvalación, aún peor.

El caso es que aunque parezca difícil de creer, ha acabado abonando en cuotas al banco casi 120.000 euros (el triple de su valor inicial) y aún debe otros 100.000. El Banco Santander no ha dado opción y se quedará con la casa.

“Ni el banco ni el Juzgado han dado alternativas”

“Ahora volverá  venderla, a especular. Comienza el ciclo con otra persona y el mismo producto”, decía Cristina Cividanes, portavoz de la PAH. Cristina intentó negociar con la comisión judicial, conseguir un aplazamiento de unos días para que Cati recogiera sus cosas, pero no hubo manera.

Rodeada de policías, con Cati a su lado, tras el desalojo, decía esto: “Ni el banco ni el Juzgado han dado alternativas para un desalojo que vulnera los Derechos Humanos, echando a una persona de su casa por la fuerza. Ha llegado la hora de hacer un examen de conciencia”.

“No todo lo justifica el dinero. El dinero no puede comprar conciencias. Hago un llamamiento a los trabajadores de la administración pública, del Juzgado y la Policía, a que hagan objeción de conciencia y se nieguen a ejecutar órdenes que van contra los derechos de sus hermanos, de sus vecinos”, añadió.

“Es mentira que ya no hay desahucios”

Los representantes del banco en la comisión judicial aseguraron que el Santander había dado la oportunidad a Cati de quedarse durante tres meses en la casa pagando un alquiler. La juez se incorporó a su puesto de vacaciones el 17 de septiembre, según fuentes de la PAH, y el 19 firmó la orden de desahucio, rechazando tres recursos.

Cividanes destacó que “es mentira que haya dejado de haber desahucios en España”. Muchos jueces ha optado por no terminar el proceso de desahucio o no ejecutar los desalojos, y en otras ocasiones, la PAH logra pararlos “ocupando los bancos”. “No hay que llegar a esta situación  -decía Cristina-, es muy dramático”.

Antes del desalojo, en el salón de su casa, Cati se sentía  muy apoyada por la Plataforma, pero sólo por la Plataforma. “Creo más en la presión social que en la Justicia”, decía, y reclamaba que la dejaran quedarse en su casa pagando un alquiler social.

Resistencia pacífica de la PAH

Para evitar el desalojo, unas 30 personas unieron sus brazos en el portal del edificio, impidiendo la entrada de la Policía Nacional. Los consiguieron durante unos veinte minutos. La resistencia fue pacífica en todo momento. Los agentes de la Policía Nacional se emplearon con contundencia para ir desalojando uno por uno a los miembros de la PAH y se vivieron momentos de mucha tensión.

Tanto los agentes como los miembros de la comisión judicial fueron increpados continuamente por las personas que asistían al desalojo instándoles a que tuvieran vergüenza y abandonaran el lugar sin ejecutarlo.

La Policía Nacional pidió la documentación a todas las personas que se habían sentado en el portal y la Policía Local cortó la calle al tráfico para ayudar al desalojo. Por último, un miembro de la comisión judicial, que no se identificó, se dirigió a la prensa gráfica para exigir que no se enfocara a los miembros de esa comisión, por preservar su identidad. Afortunadamente, nadie le hizo caso.