El Ayuntamiento de Teguise quiere poner fin al convenio por el que en 2010 encomendó al Cabildo de Lanzarote la gestión de la quesería pública del Complejo Agroindustrial al considerar que la situación generada tras la finalización del contrato de arrendamiento con Productos Lácteos Lanzarote, perteneciente al Grupo Ganaderos de Fuerteventura (Maxorata), puede comprometer los intereses municipales.

La propuesta, que debía debatirse en el pleno celebrado este pasado miércoles, quedó sobre la mesa al no haberse incorporado el preceptivo informe de Intervención y será elevada a una próxima sesión plenaria.

El informe jurídico que acompaña el expediente propone denunciar el convenio firmado entre ambas administraciones y extinguir la encomienda de gestión al considerar que existe un "interés municipal evidente en la finalización de este convenio" por los riesgos que, a juicio de la asesoría jurídica, plantea la situación actual.

El análisis jurídico del Ayuntamiento de Teguise alerta de una posible "confusión de títulos y responsabilidades" entre ambas administraciones

Entre ellos, señala que existe un "riesgo jurídico-patrimonial relevante" porque, una vez extinguido el contrato de arrendamiento entre el Cabildo y la empresa, la permanencia de la mercantil en la nave "puede comprometer la defensa y protección del patrimonio municipal", especialmente por "la apariencia de tolerancia o inactividad".

El informe municipal añade que ese riesgo "se agrava" porque la empresa invoca un supuesto derecho de retención sobre la quesería pública del Complejo y condiciona la entrega del inmueble al pago previo de la indemnización que reclama, que ronda los dos millones de euros, tal y como avanzó Diario de Lanzarote.

“Riesgo económico-indirecto”

El informe también alerta de un "riesgo económico-indirecto en las pretensiones indemnizatorias del ocupante y posible derivación o extensión al propietario", pese a que el Ayuntamiento no forma parte del contrato de arrendamiento suscrito entre el Cabildo y la mercantil.

Según el informe, existe la posibilidad de que la empresa intente dirigir reclamaciones contra la corporación local "por enriquecimiento injusto" o por las inversiones incorporadas al inmueble.

El expediente, aplazado en el último pleno por faltar el informe de Intervención, sostiene que existe un "interés municipal evidente" para proteger el patrimonio municipal

Asimismo, aprecia un "riesgo institucional por la posible confusión de títulos y responsabilidades entre Ayuntamiento y Cabildo derivada de la encomienda de gestión", al entender que puede difuminarse quién ostenta la posición jurídica relevante como propietario, arrendador o explotador de la industria.

Por ello, el informe propone comunicar al Cabildo la denuncia expresa del convenio para impedir nuevas prórrogas automáticas y que la extinción tenga efectos el 29 de marzo de 2027.

También plantea requerir a la institución insular la restitución de la posesión de la nave, la entrega de toda la documentación relativa a su gestión y un informe sobre la situación de la ocupación del inmueble y las actuaciones realizadas frente a la empresa.

Además, recomienda iniciar la liquidación económica del convenio y tramitar paralelamente las medidas necesarias para evitar "la prolongación de la ocupación por la mercantil sin título vigente" y "evitar la tolerancia o inactividad ante una posesión sin título vigente".

Instalaciones del Complejo Agroindustrial.

Conflicto con Maxorata

El conflicto se remonta a la finalización, el pasado 21 de marzo, del contrato de arrendamiento firmado en 2011 entre el Cabildo y la empresa Productos Lácteos Lanzarote, del grupo Maxorata, para explotar la quesería pública del Complejo Agroindustrial.

Como informó Diario de Lanzarote, la empresa rechazó el requerimiento del Cabildo para abandonar las instalaciones y reclama una indemnización de hasta 1,9 millones de euros al sostener que durante los 15 años de vigencia del contrato nunca pudo desarrollar la actividad quesera porque la institución insular no ejecutó la depuradora de aguas residuales prevista en el contrato.

Desde el Ayuntamiento se plantea requerir al Cabildo la restitución de la posesión de la nave, un informe sobre la ocupación del inmueble y las actuaciones realizadas frente a la empresa

La mercantil sostiene que ese incumplimiento le obligó a destinar las instalaciones a la fabricación de yogur, invoca la excepción de contrato incumplido y afirma tener derecho a mantener la posesión de la nave hasta que se resuelva la reclamación económica planteada frente al Cabildo.

El informe jurídico municipal considera que ese escenario aconseja recuperar el control directo del inmueble para preservar la posición del Ayuntamiento como propietario, al margen del conflicto contractual existente entre el Cabildo y la empresa arrendataria.