Luis Manuel Torres, el vecino de la calle Palacio Valdés, en Argana Alta, que fue desahuciado de su vivienda el pasado 23 de mayo, ha solicitado la nulidad del desahucio presentando un incidente excepcional de nulidad de actuaciones ante el Juzgado número 3 de Arrecife, que ordenó la ejecución.

Torres, de 56 años, jubilado con una invalidez permanente y con un marcapasos, es uno de los vecinos que vivía en las casas que pertenecían a la Diócesis de Canarias y que las vendió en el año 2006 a la empresa Juan Antonio Rivera-Iveco con los inquilinos dentro.

En el mes de abril, con el apoyo de la Plataforma Antidesahucios (PAH), logró paralizar la primera orden de desahucio de la casa que la Iglesia cedió a sus padres en los años sesenta.

La solicitud se basa en el hecho de que el secretario judicial, ante la gran concentración de personas que intentaban impedir el paso a la vivienda a la comisión judicial, llegó a anunciar, tras un primer intento fallido de acceder a la casa, que no se podía llevar a cabo el desahucio en esas condiciones y que se tendría que fijar otro día y de otra forma.

Ante estas declaraciones, los miembros de la PAH desistieron  de su resistencia, pero el desahucio se acabó ejecutando sin que el secretario accediera a la vivienda.

Según señala el abogado de Torres en su escrito, “los miembros de la comisión judicial y el cerrajero jugaron al despiste y accedieron al inmueble para cambiar la cerradura yendo en contra de lo acordado anteriormente por el señor secretario que haba decretado verbalmente la suspensión del desahucio”.