En los últimos días se han llevado a cabo negociaciones entre la empresa Iveco y los vecinos de Argana, moradores de las casas donadas a la parroquia de San Ginés a mediados del pasado siglo, tras la orden judicial de desahucio, fijado para este viernes.

Los tribunales han dictaminado que dos familias pueden seguir residiendo en las que se han sido sus viviendas desde los años 50 pero en otros dos casos la balanza se ha inclinado a favor de la empresa, que adquirió en 2006 los terrenos a la parroquia por unos 360.000 euros.

Desde la Diócesis de Canarias se ha insistido en que, en el acuerdo de venta de los terrenos, se había llegado también a la condición de realojar a los vecinos que tuvieran que salir de las casas que han ocupado, construidas por los feligreses para familias sin recursos.

El ex presidente de la asociación de vecinos de Argana Alta, Andrés Medina, indicó que la semana pasada la empresa ofreció al matrimonio de ancianos formado por Sinforiano Lemes y Pilar Callero un año de alquiler a razón de 300 euros el mes.

En las últimas jornadas, añadió, se han ido sucediendo diversas ofertas, hasta el compromiso de llegar a cubrir el alquiler de los ancianos durante dos años y tres meses, rechazada en principio por el matrimonio.

Medina ha insistido en que ni la Diócesis de Canarias ni la empresa han entregado el documento en el que se reflejaría el compromiso de realojar a los vecinos y señala que los ancianos han pedido que les dejen vivir en la casa hasta que fallezcan o por un mínimo de algo más de tres años.

Movilización contra el desahucio

Está previsto que miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acudan al desahucio de los ancianos, como ya ocurriera semanas atrás con el desalojo de otro vecino, que finalmente no se llevó a cabo al no estar garantizada su salud.

Además, según Medina, la empresa ha pretendido que abandonen las casas incluso aquellas familias con sentencia judicial a su favor, que les permite continuar residiendo en las mismas, algo a lo que se han negado.