En el convenio firmado entre el Consorcio, el Ayuntamiento de Yaiza y el promotor Juan Francisco Rosa, como representante de la Junta general de la entidad urbanística del plan parcial Costa Papagayo, existe una cláusula por la que el Consorcio decide indemnizar a esa entidad con 60.625 euros por utilizar el emisario submarino desde su puesta en funcionamiento.

También se añade una diligencia complementaria por la que el empresario cede al Consorcio los derechos y deberes de la concesión administrativa de 1993 para usar el dominio público marítimo terrestre que ocupa el emisario, y que caduca dentro de seis años.

En el texto se recoge como argumento para la indemnización que el Consorcio ha utilizado el emisario submarino desde la puesta en funcionamiento de la Estación depuradora de aguas residuales de Playa Blanca sin haber “asumido coste alguno por el uso de las instalaciones, consumos e incluso mantenimiento periódico”. También se señala que “interesa a las partes el cambio de titular a favor del Consorcio de aguas o quien este designe, de la concesión administrativa del emisario submarino”.

En el expediente del convenio no figura un informe jurídico que avale la indemnización ni su cálculo, ni uno técnico que afirme que el emisario se ajusta a las necesidades y obligaciones dispuestas en el proyecto de ejecución del plan parcial. Sí que se incluye un informe encargado por Canal Gestión sobre el estado de conservación del emisario, que se considera adecuado.

El emisario submarino se autorizó en 1993 por un periodo de treinta años y a su finalización se debe desmontar. La construcción del emisario y su mantenimiento era una obligación del primero de los planes parciales que se desarrollara en la zona.

El empresario cede al Consorcio el emisario de ese plan parcial y el Cabildo decide indemnizar por haber utilizado la infraestructura a pesar de que la depuración era una obligación de los promotores

El área de salud de Lanzarote denunció en varias ocasiones el mal estado de la depuradora e incluso se abrió un procedimiento penal por vertidos. En el año 2007 llegó a pedir la paralización de las instalaciones. No es la primera vez que se intenta firmar un convenio sobre esa infraestructura. En 2008, durante la presidencia de Manuela Armas, se propuso firmar uno con Inalsa, que finalmente se descartó por considerar que era una obligación de la iniciativa privada y que la Administración no debía pagar hasta la recepción formal del plan parcial.

En el borrador no se contemplaba un estudio técnico de la capacidad de depuración ni uno jurídico. Por otra parte, según el Reglamento de control de vertidos para la protección del dominio público hidráulico es una obligación del plan parcial disponer de instalaciones depuradoras.

En ese mismo plan parcial, Yaiza ha anulado un convenio con el mismo empresario que era lesivo para los intereses municipales y contrario a derecho. El convenio se firmó en 2004 y el Ayuntamiento cedió de forma gratuita y por cincuenta años el derecho de uso de tres zonas verdes municipales, que están ocupadas por el complejo Kikoland del hotel Princesa Yaiza.