El presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Pedro San Ginés, aseguró que no va atender “los ultimátums ni las amenazas de acreedores” de Inalsa a los que se les ha negado el certificado de la deuda que mantiene con ellos la empresa pública: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Aguas Filtradas.

San Ginés insistió en que “actualmente existen diversos litigios que podrían varias las cuantías adeudadas a estas empresas acreedores”. En el caso de FCC, Inalsa le debe 9,4 millones de euros por el incumplimiento del contrato para ejecutar y explotar una planta desaladora en el municipio de Yaiza.

Con la quita acordada con los acreedores, la deuda con FCC suma unos 9,4 millones, que ascenderían a 12 millones sin rebaja. Desde el Consorcio se sostiene que un pleito judicial sobre la validez del contrato entre Inalsa y FCC podría llegar a variar el montante de la deuda.

En cuanto a Aguas Filtradas, empresa subcontratada por Inalsa que se encargaba de la depuración y el saneamiento, se anuló por parte del propio Consorcio una ampliación del contrato que unía a ambas sociedades. La deuda con esta empresa sería de 9,8 millones, que con la quita “pactada” se quedó en 7,6.

San Ginés se reunió este lunes con los alcaldes de Arrecife, Tinajo, Haría, San Bartolomé y Tías para explicarles la decisión adoptada. Señaló que el resto de acreedores “está recibiendo de manos del Consorcio los documentos de pago certificados con total normalidad”.

El presidente afirmó que los acreedores “defienden sus propios intereses, mientras que el Consorcio piensa en el interés general”. “Conviene recordar”, añadió, “que los acreedores no ejecutan embargos ni establecen las condiciones de ejecución del convenio” sino que es el Juzgado de lo mercantil quien toma esas decisiones.

Inalsa les adeuda, hasta que se demuestre lo contrario, más de 21 millones

“Estamos atendiendo, y sólo atenderemos, las indicaciones del juez de lo mercantil, como siempre, cuyas determinaciones serán las únicas que condicionen las propuestas que se eleven a los órganos colegiados” del Consorcio y de Inalsa, remarcó.

En este sentido, el presidente adelantó que el Consorcio del Agua “no atenderá a las amenazas y no entregará los certificados de pago a FCC y Aguas Filtradas antes del día 21 de noviembre”, como ha exigido los acreedores, que han adelantado que presentarán demandas por incumplimientos del convenio validado por el juez en septiembre.