Las medidas de protección ambiental que presentó Repsol para perforar en aguas canarias son genéricas y no contemplan las características del terreno donde se va  a perforar ni sus circunstancias. De hecho, las mismas medidas valen para el Mediterráneo y el Cantábrico.

Los documentos que presentó Repsol ante el Gobierno  español para obtener  los permisos para perforar frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura (concedidos en marzo del año pasado) y que contenían en teoría las medidas de protección ambiental para esta zona son exactamente iguales que los que presentó para obtener otros permisos frente a la costa de Málaga y la costa vizcaína.

Estos documentos son una de las pruebas que había propuesto la defensa del Cabildo de Fuerteventura y que el Tribunal Supremo aceptó, pidiendo al Ministerio de Industria que aportase la documentación de los otros permisos de sondeos.

Los abogados querían acreditar que Repsol no propuso ninguna medida de protección ambiental específica para el ecosistema canario y que de hecho “ignoró” las características propias de este ecosistema para que le convalidaran los permisos ya obtenidos en 2004 y anulados posteriormente. El Tribunal Supremo tuvo que requerir varias veces al Ministerio de Industria para que entregara esa documentación.

Según señalan fuentes del equipo jurídico de Fuerteventura, “la actuación de Repsol contrasta con la de otras compañías petrolíferas, que cuando solicitan permisos de investigación y antes de obtenerlos, proponen medidas específicas de protección ambiental debidamente aplicadas y singularizadas en la zona marítima o terrestre en la que han de realizarse”. 

Por este motivo, consideran que la actuación de Repsol tiene aún menos justificación, porque ocho años antes de que, en 2012, le dieron estos permisos, la compañía ya conocía perfectamente donde quería perforar así como las características ambientales del ecosistema marino canario, “habiendo ocultado todo ello en el expediente seguido en el Ministerio de Industria”.