El Ayuntamiento de Arrecife ejerce la acusación particular en el caso Montecarlo aunque su actuación ha sido cuestionada por la Fiscalía y aún no ha presentado el escrito de acusación. La Fiscalía acusó en mayo de 2016 y desde entonces el caso ha avanzado poco. Además, todo indica que el retraso va a seguir porque el abogado de Arrecife, Orlando Betancort, y su procuradora, presentaron su renuncia a finales de diciembre.

El Ayuntamiento ya ha nombrado un nuevo abogado, Gervasio Martín Acosta, que o se suma a las conclusiones de la Fiscalía o va a tardar varios meses en hacerse con la causa, que en lo que afecta a Arrecife está dividida en tres piezas y es muy voluminosa.

Con la defensa del Ayuntamiento hubo polémica desde el principio. Al menos con la Fiscalía. El fiscal Ignacio Stampa llegó a comparar su actuación con la del PP en el caso Gürtel por su “pasividad y ambigüedad”. El fiscal dudaba de si la acusación del Ayuntamiento se había convertido en la defensa del que entonces era su alcalde, José Montelongo, imputado en la causa.

La Fiscalía llegó a apuntar que su postura estaba “muy lejos de lo que corresponde a quien dice defender intereses municipales como acusación y como supuesto perjudicado” y añadía que el abogado “no ha aportado ni un solo documento que sirviera para esclarecer los hechos investigados, no ha iniciado ningún procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente abonadas en vía administrativa ni de exigencia de responsabilidad disciplinaria o contable contra ningún funcionario o cargo y no ha acudido a muchas de las declaraciones judiciales practicadas tras su personación, y cuando lo ha hecho, no ha formulado preguntas”.

El fiscal exige al Ayuntamiento que aclare si ejerce acciones civiles o penales, y el abogado contesta que se considera acusación particular y también perjudicado para salvaguardar tanto las acciones civiles como las penales. El grupo político Somos pidió, ya en mayo de 2016, que el Ayuntamiento reemplazara al abogado que lo representaba porque parecía que tenía la intención de “defender a un acusado y de dilatar la causa”.

La cuestión es que desde mayo de 2016 no ha habido manera de que el Ayuntamiento acuse. En octubre de ese año, el juez ordena que se trasladen las actuaciones al Ayuntamiento para que califique los hechos porque es imposible digitalizar la causa por su volumen y porque el Juzgado no tiene “ni personal ni mecanismos para ello”.

Unos días después, el abogado de Arrecife recuerda que en enero de ese año se había dictado un auto por el que se acordaba la digitalización y que no ha sido recurrido, así que insiste en la digitalización porque facilita el estudio de la causa, “amén de la protección al medio ambiente que supone no tener que utilizar miles y miles de folios” y dice que esa digitalización es un “clamor de todas las partes”.

Además, el Ayuntamiento también había recurrido el pase a procedimiento abreviado de la causa, así como su archivo para el tesorero municipal, Antonio Cabrera Panasco, pero la Audiencia Provincial no le dio la razón.

Durante esta fase, Arrecife no es la única parte que ha cambiado de abogado. Hace un año, en febrero de 2017, la defensa de Montelongo la asume Manuel Fajardo Palarea, que se ha vuelto a incorporar a la abogacía tras su paso por el Parlamento y el Gobierno de Canarias como viceconsejero de Justicia.

Fajardo apela un auto del Juzgado de junio de 2017 y señala que cinco meses después, en noviembre, aún no se ha resuelto esa apelación y pide un impulso procesal al caso “que lleva ya -señala- más de cinco años tramitándose en ese Juzgado desde que se incoó, sin que pueda imputarse tal indebida dilación a las partes acusadas”.

A la causa se han sumado dos acusaciones populares: Acción cívica contra la corrupción y la asociación Jiménez de Asúa, que fue expulsada del caso Unión. La defensa de Montelongo pide que se les fije una fianza para poder ejercer esa acusación y recuerda que ya están como acusadores la Fiscalía y el Ayuntamiento.

Con la causa ya digitalizada, que era la queja principal, presentó su renuncia el pasado 19 de diciembre, si bien en su escrito señala que hace “cierto tiempo” que había pedido que se le relevase

En noviembre, el Juzgado concede veinte días improrrogables al Ayuntamiento para que presenten escrito de acusación “solicitando la apertura de juicio oral en la forma prevista por la ley o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan excepcionalmente solicitar la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular acusación”.

Pero la representación del Ayuntamiento pide de nuevo que se suspenda el plazo para calificar y el Juzgado dice que no ha lugar a esa suspensión “por cuanto la causa obra digitalizada y a disposición de las partes”.

Con la causa ya digitalizada, que era su queja principal, es cuando el abogado presenta su renuncia, el pasado 19 de diciembre, si bien, en su escrito señala que hace “cierto tiempo” que había pedido que se le relevase pero que el Ayuntamiento no le ha informado de ese trámite. Para su renuncia alega motivos profesionales y personales.

En las tres piezas del caso Montecarlo por presunta sustracción de fondos públicos, la Fiscalía pide que se juzgue a más de veinte personas, muchas de ellas cargos públicos. Solicita una condena de 27 años y medio de prisión para el interventor, Carlos Sáenz; 15 años y medio de cárcel para el recaudador José Vicente Montesinos; y diez años de prisión para el ex alcalde socialista José Montelongo.