La Asociación de Propietarios de Marina Puerto Calero ha acusado al Gobierno de Canarias de haber llevado a cabo una “Ley a medida” para que la empresa concesionaria pueda recuperar viviendas, locales comerciales y atraques que han sido vendidos durante las cuatro décadas de explotación del muelle deportivo.

El colectivo, que agrupa a más de 100 propietarios particulares en Puerto Calero denuncian lo que consideran un “atropello institucional” orquestado por el Ejecutivo autonómico a favor del concesionario de la marina, la empresa Puerto Calero Marinas SL.

Según la Asociación de Propietarios, “una disposición legal introducida sin debate público” en los últimos presupuestos de la comunidad autónoma  “permitirá al actual concesionario recuperar la propiedad y el control sobre bienes vendidos legítimamente durante los últimos 40 años”.

La modificación, “camuflada” como “enmienda” a los presupuestos,  establece que toda cesión de derechos realizada por el concesionario de un puerto deportivo durante la vigencia de la concesión caducará automáticamente al término del plazo original, salvo pacto expreso con la propia concesionaria.

“Esta redacción otorga a la empresa concesionaria la capacidad de decidir unilateralmente sobre el futuro de derechos adquiridos en escritura pública, con el beneplácito del Gobierno regional”, señala el colectivo de propietarios en Puerto Calero, que temen que se pretenda volver a vender viviendas  o locales comerciales por los que ya han pagado.

Así, desde la asociación denuncian “la connivencia del Gobierno de Canarias con Puerto Calero Marinas SL” para permitir que la empresa “recupere la posesión de viviendas, atraques y locales comerciales que ha vendido durante las últimas décadas a pequeñas empresas y familias de Lanzarote”.

El colectivo señala en un comunicado que “la cronología de los eventos no puede dejar más claro” que la enmienda al presupuesto “es una Ley a medida del Gobierno de Canarias para favorecer a Puerto Calero y demás puertos deportivos de las Islas”.

En febrero del año pasado, la empresa solicita la prórroga de la concesión, que vence en septiembre de 2025. En septiembre de 2024, la asociación de propietarios se persona como parte interesada,  “solicitando un acceso al expediente que nunca es concedido”.

Denuncian “la connivencia del Gobierno” para que la empresa “recupere la posesión de viviendas o locales vendidos a pequeñas empresas y familias de Lanzarote”

El 28 de diciembre de 2024 se aprobaron los presupuestos, donde se incluye la citada enmienda, “para impedir que las familias y empresas” que ya habían comprado atraques, viviendas y locales comerciales, “puedan beneficiarse de la prórroga”.

El pasado 12 de junio, el ente público Puertos Canarios dio su visto bueno a la prórroga de la concesión a Puerto Calero Marinas, que está en exposición pública y sujeto a alegaciones en la actualidad.

“Favorecer intereses privados”

Para la asociación de propietarios, desde el Gobierno se ha impulsado “una Ley a medida para favorecer intereses privados”, ya que permite a la empresa “recuperar sin coste alguno el control sobre propiedades previamente vendidas”.

La empresa podría “revender o alquilar” a “nuevos compradores o arrendatarios, logrando un beneficio multiplicado a costa de quienes ya consolidaron la marina”

Así como “eludir cualquier compromiso de inversión directa, ya que la carga recaería sobre los actuales propietarios, según la propia memoria económica presentada con la solicitud de prórroga”.

A su juicio, lo más grave para el colectivo es que la empresa podría “revender o alquilar esos mismos espacios a nuevos compradores o arrendatarios, logrando un beneficio multiplicado a costa de quienes ya consolidaron la marina”.

Propietarios marginados

La asociación resalta que “entre los afectados están 50 pequeñas empresas y familias de Lanzarote que cuentan con locales comerciales o atraques, y que dan trabajo a alrededor de 300 trabajadores”.

También están afectados “más de 200 dueños de atraques de pequeño tamaño, y 26 familias que tienen viviendas en la marina, muchas de ellas compradas hace tres décadas”. “Todos ellos ven como la prórroga pasa de una oportunidad de ampliación de derechos y continuidad, a ser una amenaza e incluso una agresión social”, resaltan desde el colectivo.

En ese sentido, critican la prórroga extraordinaria y excepcional de 35 años —hasta alcanzar un total de 75 años en total— se está tramitando “sin reconocer los derechos adquiridos de las familias y empresarios que han invertido en la marina durante décadas”.

Fórmula de acuerdo

Desde la asociación se ha propuesto una fórmula que consideran “razonable” y que pasa por que cada propietario “contribuya proporcionalmente a la inversión y canon de la prórroga”.

“La posibilidad de perder lo que han comprado durante todos estos años puede provocar un incendio social como Lanzarote pocas veces ha visto”, advierten

“La posibilidad de perder lo que han comprado durante todos estos años puede provocar un incendio social como Lanzarote pocas veces ha visto”, advierten.

Desde la Asociación trasladan que durante los últimos 40 años ha sido la propia comunidad de propietarios —restauradores, comerciantes, operadores náuticos y otros profesionales— “quien ha sostenido el éxito y el valor real de Puerto Calero”.

“Valor real a la marina”

“Hemos sido nosotros quienes hemos mantenido la estética, la limpieza, el entorno, pagado licencias, tributos municipales y generado empleo directo e indirecto. También hemos aportado valor gastronómico, dinamizado el comercio, impulsado actividades náuticas y sostenido el ocio que da vida al puerto”, destacan

“Ahora, quienes han dado valor real a la marina corren el riesgo de ser desplazados bajo una reforma legal aprobada sin debate público y orientada a maximizar el beneficio de un solo operador privado”, critican.

Por ello, denuncian que aunque “desde el Gobierno de Canarias se apela al ‘interés general’, sin embargo se modifica el marco legal para favorecer el interés particular, despreciando a la mayoría: a las empresas, a los trabajadores, a los que han dado alma al puerto”.

Llamamiento a la transparencia

La Asociación de Propietarios de Marina Puerto Calero Yaiza exige al Gobierno de Canarias “que rectifique esta medida, respete el Estado de derecho y habilite un espacio de diálogo con todos los afectados”.

“No pedimos privilegios, pedimos justicia”, explican sus representantes en una nota. “Queremos contribuir a la prórroga de forma proporcional, no ser despojados de nuestros derechos bajo una ley redactada para favorecer a una empresa privada con la complicidad de las instituciones”.

El plazo de alegaciones del expediente de renovación de la concesión de Puerto Calero finaliza el sábado, pero desde la Asociación de Propietarios han solicitado formalmente a Puertos Canarias una extensión del mismo “dado que el plazo actual que finaliza el 12 de julio es insuficiente y es necesario ampliar el mismo para favorecer el debate público”.