El partido insularista Primero Teguise ha denunciado presuntas irregularidades en la gestión de las cámaras de tráfico del municipio, lo que podría derivar en sanciones superiores a 600.000 euros por incumplimiento de la normativa sobre protección de datos. 

Según el portavoz y concejal del partido, Jonás Álvarez, el Ayuntamiento cuenta con 30 cámaras distribuidas en Costa Teguise, Caleta de Famara y Nazaret, cuyo uso estaría destinado al control del tráfico.

Sin embargo, según Álvarez, el grupo de gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa y el concejal de Tráfico y Policía Local, Ginés González, ha reconocido que las cámaras también se emplean para labores de seguridad ciudadana, lo que podría contravenir la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). 

Álvarez sostiene que el uso de las cámaras debe estar debidamente justificado y señalizado, algo que, según Primero Teguise, no se está cumpliendo. “Nos consta que se han presentado denuncias por la ausencia de carteles informativos y por la utilización de las imágenes con una finalidad distinta a la inicialmente prevista”, afirmó. 

De acuerdo con la legislación vigente, estas prácticas podrían suponer dos infracciones muy graves: el uso de las cámaras con una finalidad no autorizada y la falta de información sobre su existencia y propósito.

“Cada una de estas infracciones puede acarrear multas superiores a los 300.000 euros, lo que supondría un coste total de más de 600.000 euros para las arcas municipales”, señaló el edil. 

Álvarez también cuestionó los protocolos de acceso a las imágenes de videovigilancia, señalando que la Guardia Civil tiene acceso a ellas, mientras que solo cuatro agentes de la Policía Local están autorizados. “Es necesario aclarar qué tipo de convenios se han establecido para la cesión de esta vigilancia”, añadió. 

Además, el concejal vinculó esta situación con la falta de efectivos en la Policía Local, asegurando que un mayor número de agentes permitiría reducir la dependencia de la videovigilancia. “Si contáramos con una plantilla adecuada, quizás no habríamos registrado en 2024 un incremento del 10% en la criminalidad respecto al año anterior”, afirmó. 

En este contexto, criticó la gestión del concejal de Policía Local, Ginés González, al señalar retrasos en la dotación de recursos para los agentes. “Ahora anuncian la entrega de uniformes cuando había un contencioso abierto por la falta de suministro de la uniformidad y los medios defensivos establecidos en el decreto 20/2020 y en el acuerdo de funcionarios de 2014, que aunque está caducado, sigue aplicándose”, concluyó.